El gobierno nacional ha puesto en marcha el Registro Único de Vivienda, una iniciativa diseñada para brindar asistencia a los ciudadanos que perdieron sus hogares o sufrieron daños estructurales severos tras los sismos ocurridos el pasado 24 de junio. Este proceso de empadronamiento está enfocado específicamente en aquellas familias cuyas residencias fueron catalogadas como inhabitables, marcadas con la etiqueta roja, lo que impide su uso seguro.

Para gestionar este registro, se han habilitado puntos de atención presencial en la sede del Ministerio de Hábitat y Vivienda, ubicada en el municipio Chacao. Los interesados pueden acudir en un horario comprendido entre las 8:00 de la mañana y el mediodía. Esta estrategia forma parte del denominado Plan Venezuela Renace, una directriz emanada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien ha constituido una comisión presidencial especial para coordinar la respuesta ante la crisis habitacional derivada de los eventos sísmicos.

Con el objetivo de facilitar el acceso a este censo, el Ejecutivo ha desplegado módulos de atención adicionales en la planta baja del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) en Caracas. Asimismo, las sedes regionales del ministerio han sido integradas en este despliegue operativo para captar a los damnificados que aún no han formalizado su inscripción en el sistema oficial, garantizando así una mayor cobertura territorial.

La ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, compartió recientemente un balance sobre el progreso de estas labores de registro y las acciones socioeconómicas implementadas. Según las cifras oficiales, el censo ha logrado sistematizar la información de cerca de 40.000 familias, lo que equivale a aproximadamente 128.000 personas. Este levantamiento de datos se ha concentrado en las entidades consideradas como prioritarias debido a la magnitud de los daños, entre las que se encuentran La Guaira, Miranda, Yaracuy, Falcón, Carabobo, Aragua y el Distrito Capital.

El análisis de los datos recabados revela un impacto demográfico significativo en la zona costera, donde se ha registrado la mayor afectación a la infraestructura. De acuerdo con la titular de la cartera de vivienda, el 80% de los ciudadanos inscritos en la plataforma, lo que representa unas 32.000 familias, proviene del estado La Guaira, territorio que ha sido declarado oficialmente como zona de desastre.

Finalmente, la ministra Posani señaló que una parte considerable de los afectados ha optado por desplazarse hacia otras regiones del país para buscar refugio con familiares. Ante esta situación de movilidad, el ministerio ha activado una red de registro en sus direcciones regionales, permitiendo que las personas puedan procesar sus solicitudes de reubicación domiciliaria independientemente de su lugar de origen, asegurando que la asistencia llegue a quienes han debido abandonar sus hogares tras la emergencia.