A tres meses de los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio, diversas organizaciones civiles y expertos denuncian la falta de información pública sobre la gestión de la ayuda humanitaria y el estado de la reconstrucción. Según Transparencia Venezuela, existe una notable opacidad en el seguimiento de los recursos destinados a las víctimas, lo que impide determinar con exactitud cuánto dinero ha sido recibido, ejecutado y cuál ha sido su destino final. Esta falta de datos claros complica la rendición de cuentas sobre los fondos provenientes tanto de donantes internacionales como de organismos multilaterales.

Hasta finales de agosto, Transparencia Venezuela registró compromisos de ayuda internacional que ascienden a 1.344 millones de dólares, provenientes de decenas de países y organizaciones. Sin embargo, la organización advierte que estas cifras no reflejan necesariamente el dinero que ha llegado efectivamente al país o que ha sido distribuido entre los damnificados. Un problema adicional es la falta de trazabilidad, ya que el 44% de las acciones de asistencia registradas no especifica su destino, y existe el riesgo de solapamiento en los reportes financieros entre agencias de Naciones Unidas y otros donantes, lo que dificulta una contabilización precisa.

La gestión de los recursos propios también ha sido objeto de cuestionamientos. En julio, el gobierno accedió a 346 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional, bajo el argumento de financiar la respuesta a la emergencia. No obstante, especialistas en derecho internacional han señalado la ausencia de una rendición de cuentas detallada sobre el uso de estos fondos, incluyendo la identificación de los proyectos ejecutados y los contratistas involucrados. De manera similar, fondos de recuperación creados por instituciones como la CAF carecen de transparencia en la publicación de sus listas de donantes y gastos.

El impacto de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 fue devastador, con cifras oficiales que reportan 6.509 fallecidos y más de 60.000 viviendas afectadas. A pesar de la magnitud de la tragedia, expertos como el sociólogo Rafael Uzcátegui, director de Laboratorio de Paz, sostienen que no existe un plan de reconstrucción público y detallado. Además, se denuncia que las autoridades han mantenido una postura de control frente a la sociedad civil, limitando el acceso de organizaciones humanitarias a los refugios y restringiendo la labor informativa de los medios de comunicación.

La situación se agrava por las limitaciones que aún enfrentan los periodistas para cubrir la crisis. Aunque se han desbloqueado algunos portales informativos, el ecosistema mediático sigue operando bajo restricciones, lo que, según analistas, responde a una lógica política donde el acceso a la información y la libertad de prensa se utilizan como elementos de negociación. Amnistía Internacional y otras organizaciones coinciden en que la falta de transparencia oficial, incluyendo la ausencia de cifras claras sobre personas desaparecidas, ha sido una constante desde el inicio de la emergencia, priorizando el control político sobre la atención humanitaria.