La Red de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes (Redhnna) y la organización no gubernamental Cecodap han emitido una advertencia sobre los riesgos asociados al reinicio de las actividades escolares en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado 24 de junio de 2026. Ante la proximidad del inicio del nuevo año escolar, pautado por el Ministerio de Educación para el 14 de septiembre, ambas organizaciones subrayan la necesidad imperativa de realizar evaluaciones técnicas de habitabilidad en los planteles educativos antes de permitir el retorno presencial de los estudiantes.

El informe situacional presentado por estas entidades, que recopila datos de redes educativas como AVEC y Fe y Alegría, además de reportes ciudadanos y fuentes periodísticas, pone de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura escolar en las zonas más golpeadas por los sismos: La Guaira, Caracas y Miranda. Según los hallazgos, el 27,3% de las escuelas consultadas presenta daños graves, tales como grietas profundas en columnas, colapsos estructurales o caídas de techos. Asimismo, un 33,3% de los encuestados reporta áreas que han tenido que ser clausuradas por completo debido a su estado.

Uno de los puntos de mayor preocupación para los expertos es el 65,7% de los centros educativos que reportan daños considerados "leves". Las organizaciones advierten que, sin una evaluación técnica independiente realizada por ingenieros, no es posible certificar la estabilidad real de estas edificaciones, lo que representa un riesgo potencial para la integridad física de la comunidad educativa. Adicionalmente, el informe destaca que el 56,6% de las instituciones enfrenta carencias críticas en servicios básicos, incluyendo la falta de agua potable, gas, transporte y fallas persistentes en la conectividad a internet y telefonía.

Aunque el Ministerio de Educación ha anunciado un plan de rehabilitación que abarcaría 1.500 colegios, los representantes de Redhnna y Cecodap señalan la ausencia de información técnica pública y verificable que confirme la seguridad de cada plantel específico. Carlos Trapani, de Cecodap, enfatizó que la postura de las organizaciones no es oponerse al reinicio de las clases, sino exigir que este sea un proceso seguro, diferenciado y respaldado por datos técnicos que garanticen la protección de los menores.

En este contexto, las organizaciones han planteado tres condiciones consideradas "no negociables": la certificación técnica de la habitabilidad de los planteles, la dignificación de las condiciones laborales del personal docente y la implementación de un enfoque restaurativo para atender el impacto psicoemocional derivado de los sismos. Fernando Pereira, de Cecodap, sugirió que los procesos académicos deben ser flexibles durante las primeras semanas para priorizar el acompañamiento emocional de los estudiantes.

Finalmente, el informe insta al Estado a prohibir la reapertura presencial en planteles que no cuenten con una certificación documentada de seguridad estructural. Entre las recomendaciones urgentes se incluyen la publicación de evaluaciones desglosadas por municipio y plantel, el saneamiento de las escuelas que han funcionado como refugios o centros de acopio, y la garantía de servicios básicos esenciales como alimentación y agua segura, priorizando siempre el interés superior de la niñez.