La organización no gubernamental Provea ha emitido un reclamo formal ante las autoridades venezolanas, exigiendo la actualización inmediata y periódica de las cifras oficiales de fallecidos y desaparecidos tras el doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio. La exigencia surge ante la prolongada ausencia de datos verificables sobre el impacto humano de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, los cuales provocaron una de las emergencias más graves registradas en Venezuela en las últimas décadas.

Según los registros de la ONG, han transcurrido más de 36 días desde que se publicó el último balance oficial de víctimas mortales, el cual situaba la cifra en 6.509 fallecidos. Este reporte, difundido el 24 de agosto, también detallaba que más de 226.000 personas habían recibido atención hospitalaria y que se habían inspeccionado más de 60.785 inmuebles residenciales. La situación es aún más crítica respecto a las personas en paradero desconocido, cuya cifra oficial de 157 desaparecidos no ha sido actualizada desde el 25 de junio, es decir, hace más de 96 días.

Esta falta de información oficial ha generado una brecha significativa entre los datos gubernamentales y las estimaciones que circulan en diferentes instancias. Un informe reciente de Amnistía Internacional, publicado el 23 de septiembre, evidenció discrepancias notables al contrastar las cifras nacionales con las declaraciones de autoridades regionales. Por ejemplo, mientras el gobierno central mantenía el balance de 6.509 fallecidos, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, estimó la cifra en 7.265 muertes. De igual manera, mientras el Estado no ha actualizado el número de desaparecidos, el gobernador de La Guaira calculó 1.579 personas en esa condición, una cifra que contrasta drásticamente con los más de 41.000 reportes recopilados por iniciativas ciudadanas.

Amnistía Internacional advirtió que, aunque las iniciativas independientes son un reflejo de la búsqueda desesperada de los familiares, estas bases de datos ciudadanas presentan errores y duplicidades, por lo que no pueden sustituir un registro oficial consolidado. Ante este vacío informativo, los familiares de las víctimas se han visto obligados a emprender búsquedas por cuenta propia, recorriendo morgues, hospitales, refugios y zonas de desastre, además de utilizar redes sociales y carteles para intentar localizar a sus seres queridos.

Provea ha enfatizado que la reconstrucción del país no puede desligarse de la identificación de las víctimas y de la transparencia informativa. La organización sostiene que el acceso a datos públicos es un derecho fundamental y una obligación del Estado, argumentando que "la información salva vidas". Este reclamo se suma a las denuncias previas realizadas por la ONG en julio, cuando cuestionaron la opacidad en el manejo de la información durante las horas críticas posteriores a los sismos.

Mientras tanto, las autoridades han centrado sus comunicaciones públicas en los avances de las labores de recuperación, reportando el retiro de más de 600.790 toneladas de escombros hasta finales de agosto y la gestión de campamentos temporales para los damnificados. Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos, la prioridad debe ser garantizar la publicación de cifras verificables, permitiendo así que las familias obtengan respuestas sobre el paradero de sus allegados y se pueda dimensionar con precisión el alcance humano de la tragedia.