El inicio del año escolar en Venezuela se encuentra marcado por una profunda discrepancia entre las autoridades gubernamentales y el gremio docente, tras los recientes eventos sísmicos que afectaron diversas zonas del país. Mientras el Ministerio de Educación ratifica el regreso a las aulas para el lunes 14 de septiembre, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) califica la medida de irresponsable, argumentando que no existen garantías de seguridad estructural en los planteles.

Héctor Rodríguez, ministro de Educación, informó que de los 900 colegios que sufrieron daños por los terremotos, la mayoría está bajo procesos de reparación y no presentan riesgos estructurales, lo que permitiría su apertura inmediata. No obstante, el funcionario reconoció que 87 instituciones presentan daños severos y 11 sufrieron un colapso total. Para estos casos específicos, el Gobierno Nacional ha planteado un plan de rezonificación para trasladar a los estudiantes a sedes cercanas, asegurando que las labores de recuperación están en marcha.

Por su parte, la presidenta de la FVM, Carmen Teresa Márquez, denunció la ausencia de informes técnicos oficiales que avalen el estado real de las 27.000 escuelas del país. El gremio sostiene que el llamado a clases para el 14 de septiembre es ilegal, pues contraviene el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, que estipula el inicio de actividades para el miércoles 16 de septiembre. Según la federación, la falta de protocolos de emergencia y de guías pedagógicas para abordar el impacto de los sismos genera incertidumbre en la comunidad educativa.

La dirigencia sindical también ha manifestado su preocupación por la reubicación de alumnos en espacios que actualmente funcionan como refugios, como ha ocurrido en el estado La Guaira, señalando que estas decisiones se han tomado sin consultar a las comunidades afectadas. Ante este escenario, las 27 filiales de la FVM exigen inspecciones técnicas exhaustivas por parte de organismos de gestión de riesgo antes de permitir el ingreso de niños y personal a las instalaciones.

Más allá de la infraestructura, el magisterio vincula el retorno a clases con la crisis socioeconómica que atraviesan los educadores. Márquez desmintió la entrega de bonos especiales y señaló que los salarios actuales, que oscilan entre 250 y 500 bolívares quincenales, son insuficientes para cubrir las necesidades básicas. El gremio demanda una dignificación salarial y la creación de programas de apoyo psicosocial para los más de 1.400 menores afectados por los temblores en Distrito Capital, Miranda, Aragua y La Guaira.

Finalmente, el sector docente lamenta la falta de canales de comunicación con el Ministerio de Educación. A pesar de las solicitudes formales de reunión, las autoridades no han recibido a los representantes sindicales, lo que agrava la tensión en un sistema educativo que, además de los daños físicos por los sismos, enfrenta desafíos estructurales en materia laboral y pedagógica.