A casi un mes del doblete sísmico que sacudió al estado La Guaira, los trabajadores independientes denuncian una situación de precariedad económica y falta de respaldo institucional. Tras los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 registrados el pasado 24 de junio, el Ejecutivo nacional decretó el Estado de Emergencia; sin embargo, los comerciantes por cuenta propia aseguran haber quedado excluidos de los planes de asistencia financiera implementados hasta la fecha. Mientras el Gobierno destaca la entrega de 1766 créditos destinados a comercios formales y tributantes, este sector, que carece de nóminas o contratos, reclama ser incluido en programas de ayuda que permitan la reactivación de sus actividades.

Los afectados señalan que, aunque fueron censados como víctimas de la catástrofe por las autoridades competentes, no han recibido los recursos necesarios para recuperar sus negocios. La situación es crítica para emprendedores que perdieron su patrimonio o vieron paralizada su clientela debido a los daños estructurales y al impacto económico en la región. Muchos de ellos, que operaban desde sus viviendas o locales improvisados, enfrentan ahora la imposibilidad de cobrar deudas pendientes, dado que gran parte de su clientela también resultó damnificada o perdió sus empleos tras el desastre natural.

Entre los testimonios recogidos, destaca el caso de comerciantes que, pese a contar con calificaciones de riesgo en sus viviendas, no han obtenido el apoyo financiero solicitado. Algunos emprendedores han recibido bonos a través del Sistema Patria, pero califican el monto como insuficiente frente a la devaluación constante y la magnitud de las pérdidas materiales. La demanda principal del sector no es solo asistencial, sino crediticia: solicitan préstamos con condiciones especiales, periodos de gracia amplios y tasas de interés flexibles que les permitan reinvertir en sus negocios sin asfixiarse por deudas inmediatas.

La preocupación por un posible sesgo político en la distribución de los recursos también ha sido planteada por los afectados. Los trabajadores independientes han expresado su temor de que los auxilios económicos estén siendo canalizados prioritariamente hacia sectores afines al oficialismo, dejando en el olvido a quienes operan fuera de los registros formales. Esta percepción de opacidad ha generado malestar, pues los comerciantes insisten en que la tragedia afectó a todos los habitantes de la zona por igual, independientemente de su afiliación política o estatus laboral.

Por otro lado, la crisis ha impactado incluso a quienes ya poseían compromisos bancarios previos. Algunos ciudadanos han tenido que destinar los fondos de créditos bancarios, originalmente solicitados para la expansión de sus negocios, a la compra de alimentos y suministros básicos ante la escasez de ayuda estatal. Estos afectados ahora buscan gestionar ante la banca pública una flexibilización en los pagos, argumentando la falta de liquidez y la imposibilidad de generar ingresos en un entorno donde la economía local permanece paralizada.

La incertidumbre sobre el futuro económico de La Guaira persiste mientras los trabajadores independientes aguardan una respuesta institucional. La falta de acceso a financiamiento pone en riesgo la supervivencia de numerosos emprendimientos locales, que son fundamentales para la recuperación de la región. Los afectados reiteran su disposición a permanecer en el estado y trabajar por su reactivación, pero advierten que, sin un auxilio financiero universal e imparcial, el colapso definitivo de este sector comercial parece inevitable.