Ante la proximidad del ciclo lectivo 2026-2027, la comunidad educativa en Venezuela enfrenta el reto de garantizar condiciones mínimas de seguridad tras los eventos sísmicos registrados el pasado mes de junio. Yumildre Castillo, abogada y docente de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), ha señalado que el Estado tiene la responsabilidad ineludible de evitar que las instituciones de enseñanza se transformen en espacios de vulnerabilidad para los menores de edad. Según la experta, la infraestructura escolar debe representar el entorno más protegido para los estudiantes después de sus hogares, advirtiendo que un regreso a clases sin las adecuaciones necesarias podría profundizar el daño emocional y físico de la población estudiantil.

Para asegurar un retorno adecuado, se han planteado cinco ejes fundamentales que las autoridades deben atender con prioridad. El primero de ellos se centra en la integridad física de las edificaciones. Castillo sostiene que es imperativo contar con una certificación técnica formal emitida por especialistas en ingeniería civil. Este aval debe confirmar que los planteles poseen características sismorresistentes, yendo más allá de una inspección superficial. La intención es prevenir posibles colapsos estructurales frente a la ocurrencia de réplicas o nuevos movimientos telúricos que pongan en riesgo la vida de quienes habitan las aulas.

Un segundo punto crítico es la desocupación de las escuelas que actualmente funcionan como albergues. Tras la emergencia sísmica, diversas familias perdieron sus hogares y fueron trasladadas a centros educativos de forma provisional. La especialista enfatiza que la dinámica escolar no puede coexistir con el uso de los planteles como refugios. Por ello, insta al Estado a proveer soluciones habitacionales dignas y permanentes para los damnificados antes de la reapertura de las instituciones, permitiendo que los espacios recuperen su función pedagógica exclusiva.

Asimismo, la operatividad de los servicios públicos básicos se presenta como un requisito indispensable. La garantía de suministro constante de agua potable, sistemas de saneamiento funcionales y energía eléctrica es vital para evitar que las escuelas se conviertan en focos de enfermedades. Sin estas condiciones de higiene y habitabilidad, el entorno escolar resulta indigno tanto para los alumnos como para el personal docente y administrativo, comprometiendo el derecho a una educación en condiciones saludables.

La salud mental también ocupa un lugar central en las demandas de los especialistas. Los terremotos de junio han dejado una huella de estrés postraumático, ansiedad y duelo en la población infantil y adolescente. En este sentido, se requiere la implementación de programas de acompañamiento emocional y la capacitación del personal en primeros auxilios psicológicos. Identificar y atender las secuelas invisibles del desastre es tan necesario como reparar las grietas en las paredes para asegurar un desarrollo integral de los estudiantes.

Finalmente, la gestión de riesgos debe integrarse de manera obligatoria en la rutina escolar. Cada plantel educativo debe diseñar y validar planes de evacuación que incluyan rutas despejadas y puntos de encuentro seguros. La realización de simulacros desde el primer día de actividades se propone como una medida esencial para fomentar una cultura de prevención. Castillo concluye que forzar el inicio del año escolar sin cumplir con estas garantías mínimas representa una acción negligente que podría derivar en daños mayores, sumándose a las preocupaciones sobre las brechas educativas que persisten en el país.