El reciente desastre natural que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio ha generado una inesperada apertura en el diálogo diplomático con Chile. Tras el envío de ayuda humanitaria por parte del gobierno chileno, las autoridades de ese país han confirmado que se ha logrado establecer un canal de comunicación más directo y constante con Caracas. Este acercamiento, motivado inicialmente por la emergencia sísmica, marca un cambio en la dinámica entre ambas naciones, que mantenían una relación distante desde mediados de 2024.

El punto de partida de este nuevo contacto fue una llamada telefónica entre el presidente chileno, José Antonio Kast, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Este gesto de solidaridad tras los terremotos constituyó el primer intercambio de alto nivel en casi dos años. La relación bilateral se había enfriado considerablemente en julio de 2024, momento en el que el gobierno venezolano decidió retirar a su personal diplomático de Santiago, como reacción a los cuestionamientos planteados por la administración anterior sobre la transparencia de los procesos electorales en Venezuela.

A pesar de esta mejora en la fluidez de las comunicaciones, el subsecretario del Interior de Chile, Máximo Pavez, fue enfático al señalar que aún no existen avances tangibles en la normalización de los servicios consulares. La ausencia de estos servicios ha sido un problema persistente para la numerosa comunidad venezolana en Chile, estimada en unas 700.000 personas, quienes han enfrentado dificultades administrativas significativas desde la interrupción de las actividades diplomáticas presenciales.

La falta de canales operativos también ha impactado la gestión migratoria del gobierno chileno. Según datos oficiales, una parte considerable de las órdenes de expulsión pendientes en el país, que superan las 75.000, involucra a ciudadanos venezolanos. Estos procesos legales se encontraban estancados debido a la imposibilidad de coordinar las repatriaciones con las autoridades venezolanas. Ante este escenario, el Ejecutivo chileno mantiene la expectativa de que el actual acercamiento facilite la resolución de estos trámites pendientes, especialmente en lo relativo a personas con antecedentes penales.

En paralelo a estas gestiones diplomáticas, se ha observado un movimiento migratorio particular tras los sismos. Frank Sauerbaum, director del Servicio Nacional de Migraciones, reportó que más de 1.100 ciudadanos venezolanos han optado por regresar voluntariamente a su país de origen desde que ocurrieron los terremotos. Este flujo de retorno voluntario se suma a los esfuerzos de las autoridades chilenas por gestionar las deportaciones hacia otros países de la región, como Colombia y Perú, mientras se busca definir una estrategia clara para la situación específica de los ciudadanos venezolanos en el marco de la nueva coyuntura diplomática.