El Banco Mundial ha presentado un informe detallado sobre el impacto económico de los sismos ocurridos el pasado 24 de junio en Venezuela, cifrando los daños físicos directos en 19.600 millones de dólares. La evaluación, realizada bajo la metodología Global Rapid Damage Estimation (Grade), subraya la magnitud de la devastación causada por dos movimientos telúricos de magnitudes 7,2 y 7,5, los cuales se produjeron con una diferencia de apenas 39 segundos. Estos eventos se posicionan como algunos de los más destructivos registrados en la historia reciente del país.

Según el análisis técnico, el sector de la vivienda ha sido el más perjudicado, representando el 47 % de las pérdidas totales con una valoración de 9.300 millones de dólares. Por su parte, la infraestructura pública sufrió daños estimados en 5.200 millones de dólares, lo que equivale al 27 % del impacto, mientras que los edificios no residenciales acumularon pérdidas por 5.000 millones de dólares, es decir, el 26 % restante. La distribución geográfica del desastre muestra una alta concentración en zonas específicas: La Guaira y el Distrito Capital absorbieron cerca del 47 % del impacto económico total. Sumando los estados de Miranda y Carabobo, estas cuatro regiones aglutinan el 85 % de los daños evaluados por el organismo internacional.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, enfatizó la importancia de contar con datos precisos para gestionar la crisis. Según la funcionaria, este informe proporciona al Gobierno venezolano y a sus aliados una base objetiva para diseñar los planes de reconstrucción. Asimismo, la institución financiera ha ratificado su disposición para colaborar en las etapas venideras de recuperación, trabajando en conjunto con otros entes multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

El informe advierte sobre los riesgos de una estrategia de reconstrucción insuficiente. Si el financiamiento de las obras depende exclusivamente de la reasignación de recursos provenientes de otros proyectos de inversión, sin un incremento en la inversión pública y privada, el proceso podría prolongarse excesivamente. Bajo esta premisa, el estudio proyecta que las obras podrían permanecer inconclusas incluso dentro de una década. En tal escenario, indicadores clave como la capacidad productiva, el producto interno bruto y el consumo nacional se mantendrían por debajo de los niveles previos al desastre hasta al menos el año 2036.

Este análisis se difunde tres meses después de que el Banco Mundial anunciara el restablecimiento de sus relaciones con Venezuela en abril de 2026, tras un periodo de suspensión que se extendió desde 2019. El contexto político actual del país está marcado por cambios significativos, incluyendo la detención del exmandatario Nicolás Maduro por parte de las autoridades estadounidenses el pasado 3 de enero, lo que derivó en su traslado a una prisión en Nueva York. Actualmente, la coordinación entre el Estado y los organismos internacionales se centra en definir el apoyo técnico y financiero necesario para afrontar la recuperación.