El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) ha instado formalmente al Estado venezolano a implementar un protocolo estructurado y eficiente para la búsqueda de los 62 niños, niñas y adolescentes que permanecen desaparecidos tras el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio. Carlos Trapani, abogado y coordinador de la organización, subrayó la necesidad urgente de establecer un plan integral que cuente con responsables designados, recursos asignados y mecanismos de seguimiento público para atender a las familias afectadas.

La propuesta de Cecodap enfatiza la importancia de centralizar la información mediante la unificación y el contraste de registros provenientes de hospitales, refugios y servicios forenses. Según Trapani, es fundamental fortalecer los procesos de identificación a través de pruebas de ADN y realizar una verificación exhaustiva sobre posibles traslados o separaciones familiares. El abogado insistió en que cada núcleo familiar requiere un enlace institucional directo que brinde información actualizada sobre su caso, evitando así que los afectados deban recorrer múltiples oficinas reiterando su historia personal.

Esta exigencia surge en un contexto de incertidumbre, dado que el balance oficial de víctimas no ha sido actualizado por el gobierno desde el 24 de agosto. En aquel reporte, emitido dos meses después del evento sísmico, se contabilizaron 6509 fallecidos, sin que las autoridades detallaran cuántos de ellos eran menores de edad. Esta falta de desglose oficial ha dificultado la labor de las familias que aún mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos o, en su defecto, recuperar sus restos.

Investigaciones independientes, como la realizada por el portal La Vida de Nos, han documentado la magnitud de la crisis. De 311 casos de menores reportados inicialmente como desaparecidos, se logró verificar el paradero de 289, confirmando el fallecimiento de 198 y la localización con vida de 29. Sin embargo, el destino de otros 62 menores sigue siendo desconocido. De este grupo, 47 familias buscan recuperar restos, mientras que 15 mantienen la sospecha de que los menores podrían seguir con vida.

Los testimonios recolectados entre agosto y octubre revelan patrones preocupantes en la gestión de la emergencia. Muchos familiares reportaron haber realizado búsquedas entre los escombros sin recibir apoyo gubernamental, además de enfrentar retrasos en las pruebas de ADN y dificultades para acceder a morgues u hospitales. Asimismo, se denunció la ausencia de respuestas por parte de instituciones como el Cicpc, los Consejos de Protección y el Ministerio Público.

Cecodap recalca que el acompañamiento a las familias debe ser respetuoso, garantizando su derecho a la intimidad y evitando presiones para finalizar las búsquedas prematuramente. La organización sostiene que el Estado tiene la responsabilidad de ofrecer apoyo psicológico y jurídico sostenido, asegurando que los afectados tengan acceso a la verdad sobre lo ocurrido con sus familiares en medio de la tragedia.