Tras los terremotos registrados el 24 de junio de 2026 en Venezuela, las organizaciones humanitarias han encendido las alarmas sobre el incremento de los riesgos de violencia sexual y de género en los campamentos y refugios temporales. Instituciones como la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) y Tinta Violeta han documentado que el hacinamiento, la falta de privacidad y la ruptura de las redes de apoyo habituales han creado un entorno de vulnerabilidad crítica para mujeres, niñas y adolescentes en La Guaira y Caracas.

Las especialistas advierten que la emergencia no es la causa única de estas agresiones, sino un factor que agrava dinámicas de violencia preexistentes. Muchas de las situaciones atendidas por estas organizaciones ya estaban presentes en los hogares antes del desastre. Sin embargo, la pérdida de viviendas y la convivencia forzada con desconocidos en espacios colectivos han dificultado que las víctimas puedan romper los ciclos de abuso. Dorennys Angulo, coordinadora de Avesa, señaló que la separación de los núcleos familiares y la incertidumbre emocional aumentan la exposición a riesgos, especialmente cuando las personas afectadas carecen de sus sistemas de protección habituales.

Uno de los puntos críticos identificados es la infraestructura de los refugios. La falta de condiciones adecuadas en áreas comunes, como baños, duchas y zonas de lavado, ha sido señalada como un factor que facilita la violencia. Según las organizaciones, estos espacios a menudo carecen de la iluminación y la privacidad necesarias, lo que obliga a muchas mujeres a adoptar medidas de autoprotección, como acudir en grupo o esperar a que otras terminen de asearse. Daniella Inojosa, directora de Tinta Violeta, enfatizó que la respuesta humanitaria debe priorizar la adecuación de estas instalaciones y la separación de espacios para garantizar la seguridad de las menores y evitar situaciones de riesgo.

Además de la violencia física, la emergencia ha visibilizado casos de explotación económica. La pérdida de medios de vida y la necesidad de cubrir necesidades básicas han derivado, en algunos casos, en intercambios sexuales por dinero o bienes. Asimismo, la dependencia económica se ha visto exacerbada por la pérdida de documentos y la incertidumbre sobre la titularidad de las nuevas viviendas temporales. Angulo advirtió que mujeres que habían logrado separarse de sus agresores se han visto obligadas a convivir nuevamente con ellos bajo el argumento de la protección familiar, lo que refuerza ciclos de dependencia y control.

A pesar de la gravedad de los testimonios recogidos, las organizaciones subrayan la ausencia de datos oficiales suficientes para dimensionar la magnitud del problema. Por ello, insisten en que la respuesta ante la emergencia no debe limitarse a la atención de agresiones consumadas, sino que debe integrar medidas preventivas, orientación legal y apoyo psicológico. La confidencialidad y la sensibilización son fundamentales para que las víctimas puedan identificar las situaciones de violencia y acceder a los servicios de protección sin temor a represalias o estigmatización en los espacios compartidos.