A casi un mes de los sismos de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectaron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio, el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic) ha solicitado formalmente a las autoridades nacionales la adopción de protocolos internacionales en las labores de recuperación e identificación de los fallecidos. La organización, que cuenta con una trayectoria documentada en procesos de exhumaciones masivas, ha manifestado su preocupación por la gestión de los restos humanos en las zonas más golpeadas, como Caracas, La Guaira y Yaracuy, donde el colapso de edificaciones dejó un saldo oficial que supera las 5.000 personas fallecidas y 16.000 heridas, aunque diversas fuentes independientes sugieren que el número de víctimas podría ser superior.

El llamado de la ONG se centra en la necesidad de garantizar que el manejo de los cuerpos no sea tratado únicamente como un trámite administrativo o forense, sino como un proceso fundamental de derechos humanos. Cofavic ha instado al Estado a implementar el Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas y a seguir las directrices de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Asimismo, la organización enfatiza la importancia de utilizar el Protocolo de Identificación de Víctimas de Catástrofes (IVC) de INTERPOL, asegurando que la dignidad, la verdad y la justicia sean los ejes rectores de estas operaciones.

Entre las recomendaciones técnicas presentadas por la organización, destaca la creación de un registro centralizado y transparente de las víctimas, así como la conformación de un banco genético con apoyo internacional para facilitar las identificaciones mediante pruebas de ADN. Cofavic ha sido enfática al señalar prácticas que deben evitarse, tales como el uso indiscriminado de maquinaria pesada sin supervisión arqueológica, la realización de entierros colectivos sin intentos previos de identificación individual, la mezcla de restos humanos y la destrucción de evidencia biológica. La ONG subraya que estas acciones contravienen los estándares globales y recuerdan antecedentes donde el país ha recibido condenas internacionales por el uso de fosas comunes.

La cofundadora de Cofavic, Liliana Ortega, ha reiterado que la participación de los familiares y el acompañamiento psicosocial son elementos indispensables para una entrega digna de los restos. A pesar de que el gobierno ha habilitado jornadas voluntarias de toma de muestras de ADN en morgues como las de Bello Monte y La Guaira, persisten denuncias sobre la lentitud del proceso y la falta de información clara hacia los afectados. La organización insiste en que la exclusión de los familiares y la falta de observación por parte de peritos independientes son obstáculos que impiden una gestión adecuada de la emergencia.

En este contexto, la sociedad civil y diversos organismos internacionales sostienen que la respuesta estatal ante la catástrofe no debe limitarse a la asistencia humanitaria inmediata. La exigencia es que las labores de recuperación incorporen un enfoque integral de derechos humanos, que garantice a las familias el derecho a la verdad y a la reparación. La transparencia en el manejo de la información y el respeto a la dignidad humana son considerados, por parte de la ONG, como los únicos mecanismos capaces de restaurar la confianza social en las instituciones tras el impacto del desastre natural.