El Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) intensificó este fin de semana sus labores de evaluación técnica tras los sismos registrados en Caracas el pasado 24 de junio. Con el objetivo de optimizar la respuesta ante la contingencia, la directiva del gremio se reunió con representantes de Protección Civil, la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación (Alconpat-Venezuela) y más de 200 líderes de brigadas. Este encuentro buscó afinar los protocolos de inspección y garantizar la transparencia en el diagnóstico de las edificaciones afectadas en el Área Metropolitana de la capital.

Durante la jornada, el presidente del CIV, Enzo Betancourt, destacó el compromiso y la labor del gremio en esta emergencia. Según la información difundida, el enfoque principal de las reuniones fue la aplicación de ajustes técnicos continuos para mejorar la eficiencia del despliegue. La logística actual se basa en la coordinación directa con los grupos de brigadistas voluntarios, quienes se encuentran desplegados en las zonas de mayor densidad poblacional y afectación para realizar las evaluaciones estructurales necesarias.

El ingeniero Jesús Vásquez, integrante de la Comisión del CIV para la Evaluación Técnica de Estructuras, explicó que el sistema de trabajo se ha organizado para evitar la duplicidad de tareas. Según el protocolo establecido, cada brigada debe notificar a Protección Civil una vez finalizada la inspección en un sector determinado. Este procedimiento permite la colocación de etiquetas de riesgo de manera ordenada y eficiente, optimizando así los recursos humanos y técnicos disponibles en el terreno.

Respecto a la capacidad operativa del gremio, Vásquez indicó que, por el momento, no se contempla una nueva convocatoria de voluntarios, ya que la respuesta inicial ha sido suficiente y eficiente. No obstante, la institución mantiene abierta la posibilidad de realizar ajustes si las necesidades del terreno así lo requieren. El enfoque actual está centrado en la reingeniería de los procesos para cumplir con las metas de inspección establecidas sin necesidad de ampliar el personal en esta etapa.

Un punto fundamental aclarado por el Colegio de Ingenieros se refiere a la interpretación de la denominada "etiqueta roja". La institución enfatizó que este distintivo no constituye una orden de demolición inmediata, sino que funciona como una medida preventiva. Su propósito es alertar sobre condiciones de peligro y recomendar la desocupación temporal del inmueble mientras se realizan estudios más profundos.

Finalmente, el CIV detalló que el proceso de evaluación contará con una segunda fase. En esta etapa, especialistas en patología y expertos en estructuras analizarán exhaustivamente los edificios marcados con riesgo. Dependiendo de los hallazgos técnicos, los inmuebles podrán ser recategorizados a estatus amarillo o verde si los daños resultan ser reparables, garantizando así una evaluación técnica rigurosa antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre la estabilidad de las construcciones.