La inestabilidad del suministro eléctrico en Venezuela ha alcanzado niveles críticos, afectando a más de una docena de estados, donde los ciudadanos reportan apagones prolongados que oscilan entre tres y 12 horas diarias. Esta situación, que se desarrolla sin cronogramas oficiales por parte de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), ha generado una creciente incertidumbre en la población, impactando servicios esenciales como las telecomunicaciones, el suministro de agua, la atención sanitaria y la actividad comercial.

Las autoridades nacionales han atribuido la severidad de estas fallas a una combinación de factores, destacando el impacto del fenómeno climático conocido como el Súper Niño y los daños estructurales derivados del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio. Según declaraciones oficiales, los movimientos telúricos de junio afectaron directamente la planta Termo Carabobo y las líneas de transmisión que conectan Planta Centro con Yaracuy, provocando una pérdida inicial de 600 megavatios en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque el Ejecutivo ha reportado la recuperación de la mitad de esta capacidad, las fluctuaciones en el servicio persisten.

Frente a este escenario, el Gobierno ha implementado diversas medidas, entre las que destaca un plan de ahorro de energía y agua, así como la reducción de horarios en la administración pública. Desde el 10 de agosto, dependencias como el Tribunal Supremo de Justicia, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) y diversas alcaldías han limitado su atención presencial a jornadas reducidas e interdiarias, buscando mitigar la presión sobre el sistema eléctrico ante la amenaza de una sequía prolongada y el incremento de las temperaturas.

No obstante, los informes técnicos del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) ofrecen una perspectiva distinta sobre la crisis. Según sus estimaciones, la demanda nacional en horas pico alcanza los 14.000 megavatios, mientras que la generación estable de Corpoelec se sitúa entre 12.000 y 12.415 megavatios. Estos datos sugieren que aproximadamente el 63 % de la capacidad instalada del país se encuentra inoperativa, una condición atribuida principalmente a la falta de mantenimiento y a la escasez de combustible, factores que han persistido durante años.

Para intentar revertir esta brecha, el Ejecutivo ha formalizado nuevos convenios, incluyendo un acuerdo con la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) para reactivar trabajos en la Central Hidroeléctrica Tocoma y realizar mantenimiento en Macagua. Estos esfuerzos se suman a compromisos previos suscritos con firmas internacionales como la rusa INSA y la estadounidense General Electric, con las cuales se proyecta incorporar 7.400 megavatios en un plazo de cuatro años.

A pesar de estos anuncios y la promesa de recuperar la estabilidad del SEN, la realidad cotidiana de los usuarios sigue marcada por la falta de información y la imprevisibilidad de los cortes. La ausencia de un cronograma nacional impide que los ciudadanos puedan anticipar la duración de las interrupciones, perpetuando un ciclo de inestabilidad que, según expertos en hidrometeorología, podría enfrentar desafíos adicionales en los próximos años debido a la dependencia de los embalses y las condiciones climáticas.