Venezuela enfrenta una crisis persistente en sus servicios públicos, particularmente en el suministro de electricidad y agua potable. Aunque recientemente se ha intentado atribuir la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional a los terremotos ocurridos el pasado 24 de junio de 2026, así como a factores climáticos y al fenómeno de “El Niño”, ciudadanos y expertos sostienen que estos problemas son estructurales y se han agravado durante años. La narrativa oficial, que vincula la actividad sísmica con el colapso energético, es cuestionada por quienes han padecido racionamientos y fallas constantes mucho antes de dichos eventos geológicos.

Residentes de diversas regiones, desde el estado Sucre hasta la capital, reportan un patrón de inestabilidad que afecta profundamente la vida cotidiana. Para muchos, la ausencia de un esquema de racionamiento claro genera una incertidumbre constante. Los ciudadanos describen apagones diarios, fluctuaciones de voltaje que dañan electrodomésticos y periodos prolongados sin servicio. Esta situación ha derivado en protestas en diversos estados, como Aragua, donde los habitantes han salido a las calles para exigir mejoras, subrayando el impacto negativo que estas carencias tienen sobre la salud, la educación y las actividades económicas.

Datos de organizaciones como el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y Consultores 21 confirman que el deterioro de los servicios no es un fenómeno reciente. Los registros históricos indican que, ya en 2010, una amplia mayoría de la población reportaba problemas con el servicio eléctrico. El apagón nacional de 2019 evidenció la fragilidad del sistema, una condición que se ha mantenido durante los últimos siete años. Las estadísticas señalan que regiones como Zulia, los Andes, los Llanos y la zona Centro Occidente han enfrentado históricamente la degradación más acentuada del servicio.

Especialistas en la materia rechazan los argumentos oficiales que culpan al clima o a los sismos. El ingeniero eléctrico Roberto Vernet asegura que los niveles del embalse de Guri no justifican las fallas actuales, enfatizando que la crisis obedece a deficiencias estructurales y de gestión. En la misma línea, José María De Viana, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, explica que la crisis hídrica no responde a una escasez natural del recurso, sino a un colapso operativo. Según estos expertos, la falta de mantenimiento preventivo, la pérdida de capacidad técnica y la ausencia de inversión son las verdaderas causas del deterioro.

La persistencia de estas fallas es señalada como una vulneración sistemática a los derechos humanos, afectando el acceso a la salud, la alimentación y el trabajo. La precariedad de los servicios básicos mantiene al país en una emergencia humanitaria compleja. Mientras el Gobierno insiste en atribuir el colapso a factores externos, la realidad vivida por millones de venezolanos demuestra que la crisis es el resultado de años de gestión deficiente, independiente de los fenómenos naturales recientes.