La situación de las personas privadas de libertad en Venezuela se ha agravado considerablemente tras el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio, evento que dejó daños materiales significativos en diversas entidades del país, especialmente en el estado La Guaira. Organizaciones no gubernamentales han denunciado que, lejos de recibir protocolos de seguridad adecuados, los reclusos han enfrentado un escenario de desatención, opacidad y, en algunos casos, represión por parte de las autoridades carcelarias.

Según testimonios recabados por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve), durante los movimientos telúricos no se activó ningún plan de evacuación inmediato. Los detenidos, particularmente en centros como El Rodeo I, permanecieron encerrados en sus celdas mientras las estructuras sufrían daños. Familiares de los reclusos relataron que transcurrieron cerca de 45 minutos antes de que los custodios procedieran a sacarlos, manteniéndolos posteriormente en los patios del recinto hasta la madrugada.

La falta de evaluaciones técnicas independientes sobre la infraestructura carcelaria es una de las principales preocupaciones de las ONG, entre las que se encuentran Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Provea, Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). Aunque se han realizado inspecciones internas, los familiares y defensores de derechos humanos han cuestionado la veracidad de los informes que declaran los espacios como aptos para la habitabilidad. En centros como Ramo Verde, se reportaron daños estructurales en la torre del piso 5, lo que obligó a una evacuación temporal hacia las canchas, aunque posteriormente se presionó a los detenidos para retornar a sus celdas bajo amenazas de traslado.

Además de la incertidumbre estructural, se ha denunciado una respuesta violenta ante los reclamos de los presos. Andreína Baduel, vocera del Clippve, informó sobre una arremetida ocurrida a inicios de julio en El Rodeo I, donde el Grupo de Respuesta Inmediata de Custodia (GRIC) habría utilizado gas pimienta, lacrimógeno y amenazas con armas de fuego contra los reclusos. Estos hechos habrían derivado en complicaciones de salud para varios detenidos, quienes, según los denunciantes, enfrentaron dificultades para recibir atención médica especializada oportuna.

Martha Tineo, de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, calificó la situación como un escenario de "extrema vulnerabilidad y abandono institucional". La abogada subrayó que la ausencia de protocolos con perspectiva de derechos humanos expuso a la población penal a riesgos severos ante posibles réplicas. Asimismo, la opacidad informativa ha dificultado que los familiares verifiquen el estado de salud e integridad física de los detenidos, limitando el contacto a visitas breves bajo estricta vigilancia.

Las organizaciones han reiterado que, previo a los sismos, muchos de estos centros ya presentaban condiciones de hacinamiento, fallas de mantenimiento y deterioro estructural. Ante este panorama, diversas ONG han solicitado la liberación plena de los presos políticos, argumentando que las condiciones actuales de reclusión, sumadas a la falta de garantías frente a desastres naturales, agravan la crisis humanitaria dentro del sistema penitenciario venezolano.