La gestión de los fallecidos tras los terremotos que azotaron al estado La Guaira hace más de un mes ha generado un intenso debate sobre los protocolos de identificación y atención forense en Venezuela. Expertos en medicina patológica han señalado que el Estado debe priorizar la identificación de las víctimas como un derecho humano fundamental, esencial para garantizar la dignidad de los fallecidos y brindar respuestas a sus familiares. Según especialistas, este proceso no solo implica la recuperación de los cuerpos, sino la aplicación rigurosa de normas internacionales que incluyen la codificación, el registro fotográfico, la toma de huellas dactilares y, en casos de mayor complejidad, análisis odontológicos y genéticos.

El manejo de los restos humanos en situaciones de desastre requiere una planificación logística que, según diversas voces, no se ejecutó con la celeridad necesaria en la entidad costera. Se ha cuestionado la falta de medidas para preservar los cuerpos ante las altas temperaturas registradas en la zona, lo cual aceleró la descomposición de los tejidos y dificultó las labores de reconocimiento. Se sugirió que la implementación de soluciones temporales, como el uso de contenedores refrigerados o carpas con aire acondicionado, habría sido fundamental para mantener la integridad de los restos mientras avanzaban los procesos forenses.

La complejidad de la situación en La Guaira se vio agravada por la dificultad de identificar a personas que no residían permanentemente en la zona. Al tratarse de un área turística, muchas de las víctimas pudieron haber sido visitantes, lo que complica el cruce de información con los registros de desaparecidos. Ante este escenario, se ha enfatizado la necesidad de contar con sistemas integrados de información y una mayor capacidad de respuesta operativa que permita coordinar eficazmente la búsqueda, el rescate y el procesamiento de los cadáveres bajo estándares de bioseguridad y respeto a los derechos de las familias.

Por su parte, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ha defendido su actuación, asegurando que el procesamiento de las víctimas en espacios abiertos respondió a criterios de bioseguridad y a la urgencia de agilizar las labores. La institución afirmó que cada cuerpo recibe un expediente individual, bajo una estricta cadena de custodia, y que los procesos incluyen la elaboración de perfiles antropológicos, odontogramas y la extracción de muestras de ADN para facilitar su identificación. Asimismo, aclararon que las cifras oficiales reflejan los cuerpos ingresados al sistema forense.

El debate también ha puesto de relieve las limitaciones estructurales del sistema de salud y forense venezolano. Especialistas han advertido sobre la escasez de personal capacitado y la falta de una coordinación integrada entre los diversos servicios de atención, lo que limita la capacidad de respuesta ante emergencias de gran escala. Este escenario subraya la urgencia de fortalecer la medicina prehospitalaria y la formación académica especializada, así como de mejorar la infraestructura logística para enfrentar futuros eventos que superen las capacidades ordinarias del Estado.