La administración estadounidense, encabezada por el presidente Donald Trump, mantiene conversaciones con representantes venezolanos para evaluar la liberación de activos del país sudamericano que permanecen bloqueados en el extranjero. El objetivo principal de estas gestiones es obtener los recursos necesarios para financiar las labores de reconstrucción tras los devastadores terremotos que sacudieron la nación el pasado 24 de junio, evitando así comprometer fondos adicionales del presupuesto de Estados Unidos, más allá de los 386 millones de dólares ya destinados a la emergencia.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que el gobierno estadounidense busca facilitar el acceso de Venezuela a mecanismos de financiamiento y crédito global. Según Rubio, aunque todavía se trabaja en una estimación definitiva, el costo de las tareas de remoción de escombros y la edificación de nuevas obras será considerable. El funcionario subrayó que la estrategia se basa en un esfuerzo compartido, donde tanto Estados Unidos como las autoridades venezolanas aportarán recursos para enfrentar la crisis.

Los activos bajo análisis incluyen una variedad de fuentes financieras. Entre ellos destacan aproximadamente 4.200 millones de dólares en derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI), además de 30 toneladas de oro custodiadas en el Banco de Inglaterra, cuyo acceso fue facilitado tras el levantamiento de sanciones al Banco Central venezolano el pasado 14 de abril. A estos montos se suman diversas cuentas bancarias internacionales que podrían aportar cientos de millones adicionales. Cabe recordar que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya ha utilizado 346 millones de dólares de sus reservas en el organismo multilateral.

El impacto de los sismos, registrados con magnitudes de 7,2 y 7,5, ha sido devastador. El Banco Mundial ha estimado que los daños en infraestructura y edificaciones ascienden a 19.600 millones de dólares, mientras que la cifra de fallecidos se sitúa cerca de las 5.400 personas. Ante la magnitud de la tragedia, Washington ha manifestado que supervisará con cautela el uso de cualquier fondo liberado, debido a los antecedentes de corrupción en el país, situación que ha dificultado la entrega de la ayuda humanitaria ya comprometida.

Paralelamente a las gestiones financieras, el panorama político interno en Venezuela presenta desafíos significativos. La gestión de la emergencia por parte del gobierno ha generado un creciente descontento, reflejado en un aumento de la desaprobación de la presidenta Rodríguez, que alcanzó el 63,3% en junio. Asimismo, una parte considerable de la población, cercana al 45,7%, considera que la prioridad nacional debe ser la elección de un nuevo mandatario antes de avanzar en los planes de reconstrucción, lo que añade una capa de complejidad a la respuesta ante el desastre natural.