Un grupo de organizaciones no gubernamentales, familiares de detenidos y representantes de la sociedad civil venezolana han solicitado formalmente la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos en el país. Esta petición surge ante la creciente preocupación por el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los reclusos tras el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio, evento que, según denuncian, ha agravado las precarias condiciones de reclusión y la falta de asistencia sanitaria en los centros penitenciarios.

La solicitud fue presentada en una rueda de prensa organizada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), con el respaldo de diversas entidades defensoras de derechos humanos, entre ellas Provea, Cofavic, Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón. Durante el encuentro, los voceros enfatizaron que la emergencia provocada por los movimientos telúricos no debe ser utilizada como excusa para postergar las obligaciones estatales en materia de derechos fundamentales ni para ignorar la situación de las personas privadas de libertad.

Martha Tineo, representante de Justicia, Encuentro y Perdón, leyó un comunicado conjunto en el que se exige el ingreso inmediato de organismos internacionales, tales como el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de esta medida es permitir una evaluación independiente sobre el estado de salud de los detenidos y verificar la integridad estructural de las cárceles, ante el temor de que la infraestructura penitenciaria haya sufrido daños significativos durante el evento sísmico.

La situación de salud de los reclusos es uno de los puntos más críticos. La activista Andreina Baduel alertó que más de 40 personas se encuentran en una condición médica delicada y advirtió que la falta de atención oportuna pone en riesgo sus vidas. En este contexto, se denunció la persistencia de tratos crueles y la opacidad institucional, señalando que centros como El Rodeo I, Guaicaipuro, Yare y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) no cumplen con los estándares internacionales básicos de seguridad y atención.

Además de las denuncias sobre las condiciones físicas, los familiares y defensores señalaron haber sido objeto de presiones por parte de las autoridades penitenciarias, quienes supuestamente condicionan la entrega de información o respuestas institucionales al retiro de denuncias públicas. Esta dinámica fue calificada como una forma de revictimización que busca silenciar las demandas de justicia y ocultar la crisis carcelaria que atraviesa el país.

Por su parte, el coordinador jurídico de Cofavic, Ronnie Boquier, rechazó las acciones de intimidación contra quienes documentan violaciones de derechos humanos y acompañan a las víctimas. Las organizaciones insistieron en que el Estado venezolano, a través de instituciones como el Ministerio Penitenciario y la Defensoría del Pueblo, ha mantenido una falta de respuesta ante las reiteradas solicitudes de información sobre el estado de los recintos tras el sismo.

Finalmente, los participantes en la rueda de prensa hicieron un llamado a la comunidad internacional para que mantenga su atención sobre la situación en Venezuela. Subrayaron que la protección de la integridad física de los presos políticos y la supervisión externa de los centros de reclusión son condiciones indispensables para garantizar los derechos humanos en el contexto de la crisis actual.