A más de un mes del sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, la red educativa Fe y Alegría presentó un balance sobre el impacto del evento en sus instituciones y comunidad. Durante una rueda de prensa realizada este 5 de agosto, representantes de la organización informaron que 30 estudiantes de la Escuela Simón Bolívar, ubicada en Caraballeda, estado La Guaira, perdieron la vida a causa del movimiento telúrico. Además, se contabilizaron daños en las viviendas de 715 alumnos y 280 trabajadores del sistema educativo a nivel nacional.

El padre José Gregorio Terán, director general de Fe y Alegría, subrayó que, aunque ninguna de las sedes colapsó, 73 espacios educativos sufrieron daños estructurales. De este total, la organización ha priorizado la intervención inmediata en 31 planteles para evitar riesgos a 18.000 estudiantes y 1.700 trabajadores antes del mes de octubre. La reparación de estos centros requiere una inversión estimada de 1,2 millones de dólares. Terán enfatizó que la reconstrucción debe trascender la infraestructura física, integrando el apoyo emocional y la sostenibilidad académica para evitar la deserción escolar.

El proceso de evaluación de los planteles, según explicó el director, depende en gran medida de la Comisión Presidencial. Hasta la fecha, de 41 instituciones inspeccionadas en siete estados, dos fueron clasificadas con etiqueta roja, 16 con amarilla y 23 con verde. Ante este panorama, la organización ha establecido cuatro líneas de acción que abarcan la seguridad de las instalaciones, el saneamiento, el acompañamiento emocional a través de la iniciativa "Acciones que abrazan" y la búsqueda de financiamiento para garantizar la continuidad educativa.

En el ámbito local, el profesor Leonardo Suárez, director de la Escuela Simón Bolívar en La Guaira, describió el impacto devastador en su comunidad educativa. La matrícula del centro ha disminuido drásticamente, pasando de 809 estudiantes a 309, debido principalmente a la migración de las familias tras el desastre. Suárez destacó la necesidad de mantener el apoyo a las familias afectadas, señalando que, a pesar del tiempo transcurrido, las secuelas del sismo permanecen vigentes en la cotidianidad de Caraballeda.

Paralelamente, la crisis de infraestructura se suma a la precaria situación salarial del personal docente. El profesor Rafael Peña, director de la Escuela Técnica San José Obrero, denunció que los educadores enfrentan ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas. Según Peña, un docente con 27 años de servicio percibe un salario mensual equivalente a poco más de un dólar, una cifra que contrasta con el costo del transporte público y el aumento del costo de vida.

El gremio docente también señaló la exclusión de beneficios contractuales. Peña advirtió que el personal de las escuelas subvencionadas, bajo convenio con la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), no ha recibido bonos de profesionalización ni bonos vacacionales otorgados a otros sectores del sistema educativo oficial. Esta situación, sumada a la falta de aportes patronales y de pensiones, agrava la crisis de sostenibilidad de las instituciones, trasladando la carga financiera a las comunidades educativas y poniendo en riesgo la estabilidad del personal docente en un momento de recuperación nacional.