Tras el doble terremoto registrado el pasado 24 de junio en Venezuela, el Ejecutivo nacional ha presentado un plan de subsidios habitacionales destinado a las familias damnificadas. La medida, anunciada por la encargada del Ejecutivo, Delcy Rodríguez, contempla aportes económicos no reembolsables para la adquisición de viviendas principales, con el objetivo de atender a las cerca de 18.000 personas que perdieron sus hogares debido a la actividad sísmica.

El esquema de financiamiento establece un tope de valor para los inmuebles de hasta 100.000 dólares. Para viviendas cuyo precio sea igual o inferior a 70.000 dólares, el Fondo Venezuela Renace cubrirá el 80 % del costo, mientras que el beneficiario deberá cancelar el 20 % restante en un plazo de 25 años. En los casos donde el valor de la propiedad se ubique entre los 70.000 y los 100.000 dólares, el subsidio estatal será del 50 %, quedando el porcentaje restante bajo responsabilidad del afectado, también con un periodo de pago de 25 años.

Además de los subsidios, las autoridades han enfatizado la vigilancia sobre el mercado inmobiliario para evitar prácticas especulativas que afecten a los damnificados. En el ámbito legal, se ha solicitado la creación de una jurisdicción especial ante el Tribunal Supremo de Justicia para agilizar trámites de compraventa y resolver conflictos derivados del sismo, como la restitución de documentos o sucesiones. Rodríguez aseguró que los propietarios de edificaciones destruidas mantendrán la titularidad sobre el terreno, el cual se distribuirá equitativamente según la alícuota correspondiente en casos de propiedad horizontal.

Por su parte, el ministro de Transporte y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, Francisco Garcés, presentó un balance sobre las labores de inspección. Hasta la fecha, se han realizado 32.485 revisiones técnicas en los siete estados más afectados, con especial énfasis en Caracas, La Guaira y Miranda. El despliegue ha contado con la participación de 2.687 profesionales.

De acuerdo con el informe oficial, el 55,84 % de las edificaciones inspeccionadas (18.139 inmuebles) cuenta con acceso permitido, mientras que un 22,16 % (7.199) presenta restricciones de uso. Un 22 % de las estructuras, equivalente a 7.147 edificaciones, fue clasificado con etiqueta roja, lo que indica daños severos o inhabitabilidad. El ministro aclaró que esta calificación no implica necesariamente la demolición inmediata, sino que requiere una evaluación estructural más profunda.

Finalmente, el Gobierno anunció un protocolo transitorio para la reactivación de ascensores en edificios afectados. Esta medida permitirá a las comunidades de vecinos contratar personal calificado externo para la certificación de los elevadores, bajo notificación previa a las autoridades. El equipo técnico prevé mantener un ritmo de 2.000 evaluaciones diarias, con la meta de superar las 50.000 inspecciones durante el mes de agosto para avanzar en los proyectos de rehabilitación.