A casi un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio de 2026, la incertidumbre persiste en torno a la seguridad de los centros de reclusión del país. Según datos de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), al menos 518 presos políticos permanecen en cárceles cuya integridad estructural sigue siendo una incógnita para las familias y los organismos de derechos humanos. La falta de un balance oficial por parte del Ministerio de Servicios Penitenciarios ha generado preocupación, ya que no se ha confirmado si se realizaron las inspecciones técnicas necesarias para garantizar la habitabilidad de los recintos tras los sismos.

Martha Tineo, directora de la organización, ha señalado que, aunque hubo reportes de daños en las estructuras, el Estado no ha emitido un informe transparente que detalle el estado de las instalaciones. Tras los movimientos telúricos, los reclusos fueron desalojados temporalmente a espacios abiertos y posteriormente retornados a sus celdas. Esta medida, sumada al temor por la estabilidad de los edificios, desencadenó protestas pacíficas internas. Según los testimonios recabados por la ONG, estas manifestaciones fueron disueltas por las autoridades carcelarias mediante el uso de gases lacrimógenos y perdigones, resultando en internos heridos y maltratados.

La situación se agrava debido a la fragilidad de las redes de apoyo externo. En el sistema penitenciario venezolano, la responsabilidad de proveer alimentos, medicinas y artículos de primera necesidad recae directamente sobre los familiares de los detenidos. El desastre natural ha limitado la movilidad y los recursos económicos de estas familias, quienes ahora enfrentan mayores dificultades para trasladarse y suministrar los insumos básicos. Esta precariedad impacta directamente en la calidad de vida de los privados de libertad, quienes ya enfrentaban deficiencias previas en servicios como agua, ventilación y atención médica, condiciones que se han visto severamente deterioradas tras el evento sísmico.

Por otro lado, el impacto del terremoto también ha afectado a las personas excarceladas bajo medidas cautelares. Aquellos sujetos a regímenes de presentación obligatoria o prohibición de salida del país se encuentran limitados para movilizarse fuera de sus jurisdicciones. Esta restricción les impide buscar empleos de emergencia o reubicarse temporalmente en zonas menos afectadas para iniciar la reconstrucción de sus hogares, lo que profundiza su vulnerabilidad civil y económica en medio de la crisis.

Finalmente, la organización ha puesto especial énfasis en la situación de 36 presos políticos que padecen enfermedades graves y crónicas. Tineo recordó que el Código Orgánico Procesal Penal contempla medidas humanitarias o sustitutivas para internos en condiciones de salud críticas o mayores de 70 años. Sin embargo, estas disposiciones legales continúan sin ser ejecutadas por los tribunales. La falta de respuesta oficial ante el desastre natural mantiene en vilo a los familiares, quienes exigen claridad sobre el estado de los centros de reclusión y la protección de los derechos fundamentales de los detenidos ante la emergencia.