Más de un mes después de los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela, el Ministerio de Servicios Penitenciarios aún no ha emitido informes oficiales sobre el estado de las infraestructuras carcelarias. Esta falta de información técnica ha generado una creciente preocupación entre los familiares de los reclusos, quienes denuncian opacidad institucional y temen por la integridad física de los detenidos en centros como El Rodeo I y Ramo Verde, los cuales habrían sufrido daños estructurales considerables.

Martha Tineo, coordinadora general de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, ha subrayado la urgencia de permitir el acceso a expertos independientes, así como a representantes de organismos internacionales como la Cruz Roja y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Según los testimonios recabados por las familias durante las visitas, las réplicas sísmicas provocaron el resquebrajamiento de paredes y de las láminas de cemento que funcionan como literas en El Rodeo. Ante el temor a derrumbes, los internos han manifestado su exigencia de garantías de seguridad, lo que derivó en una protesta el pasado 5 de julio que fue respondida con la intervención de cuerpos de seguridad del Estado.

La situación de vulnerabilidad se agravó tras los terremotos, debido a la lentitud en los protocolos de evacuación. Familiares de los reclusos han relatado que, durante el evento sísmico, los detenidos permanecieron encerrados durante casi una hora antes de ser trasladados a zonas seguras, y solo bajo presión de quienes aguardaban en el exterior. En el caso de Ramo Verde, se reportaron daños estructurales en el quinto nivel, aunque los custodios habrían obligado a los internos a retornar a sus celdas bajo amenaza de traslado a otros recintos penitenciarios.

El ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, sostuvo una reunión con representantes de diez familias de El Rodeo I el pasado 13 de julio. Durante este encuentro, el funcionario desestimó las denuncias sobre las condiciones de seguridad y, según los testimonios de los asistentes, intentó disuadir a los familiares de hacer pública la situación. A pesar de los reclamos presentados ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, las autoridades no han ofrecido respuestas concretas ni acuerdos que garanticen los derechos humanos de la población penal.

Mientras persisten las deficiencias en la atención médica, la alimentación y el acceso a agua potable, organizaciones como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) han advertido sobre el estado crítico de salud de al menos 40 presos políticos. Estas organizaciones señalan que las condiciones actuales han agravado enfermedades crónicas preexistentes. Además, el OVP ha contabilizado el fallecimiento de reclusos en centros como Fénix Lara y el Centro Agroproductivo de Barcelona, atribuyendo los decesos a complicaciones de salud, en un contexto donde se estima que al menos 500 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en el país.