A casi un mes del doble sismo ocurrido el 24 de junio de 2026 en Venezuela, la incertidumbre persiste sobre las condiciones de seguridad en los centros de reclusión. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la falta de un balance oficial por parte del Estado respecto a la integridad estructural de las cárceles, las cuales resultaron afectadas por los movimientos telúricos. A pesar de los daños reportados en las edificaciones, las autoridades no han confirmado la realización de inspecciones técnicas que garanticen la seguridad de los internos, manteniendo a la población penal en un estado de vulnerabilidad constante.

La situación se agravó tras el evento sísmico, cuando los reclusos fueron desalojados temporalmente hacia áreas abiertas y posteriormente reingresados a sus celdas. Esta medida generó temor entre los detenidos por motivos políticos, quienes manifestaron su preocupación ante posibles fallas estructurales que comprometerían su integridad física. Ante la falta de respuestas claras, los internos iniciaron protestas pacíficas dentro de los recintos. Según denuncias recibidas, estas manifestaciones fueron disueltas por las autoridades mediante el uso de gases lacrimógenos en espacios cerrados y disparos de perdigones, dejando un saldo de personas heridas y maltratadas.

Actualmente, al menos 518 presos políticos permanecen en los centros de detención, enfrentando condiciones de vida que se han deteriorado significativamente tras el desastre natural. La organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) ha señalado que las deficiencias preexistentes en servicios básicos, como el acceso a agua potable, ventilación adecuada y atención médica, se han agudizado. Esta crisis humanitaria afecta especialmente a un grupo de 36 personas que padecen enfermedades graves y crónicas, cuya situación de salud requiere atención urgente.

A pesar de que el Código Orgánico Procesal Penal contempla la aplicación de medidas humanitarias o sustitutivas para reclusos con condiciones de salud críticas o mayores de 70 años, estas disposiciones legales no han sido ejecutadas por los tribunales. La falta de medidas alternativas mantiene a estos ciudadanos en un entorno de alto riesgo, sin que se consideren sus necesidades médicas específicas ni las recomendaciones legales vigentes para situaciones de emergencia.

El impacto del sismo también ha repercutido en las redes de apoyo externo. En el sistema penitenciario venezolano, la responsabilidad de proveer alimentos, medicinas e insumos básicos recae directamente sobre los familiares de los detenidos. La crisis económica y las dificultades de movilidad derivadas del terremoto han limitado la capacidad de estas familias para asistir a los reclusos, profundizando la precariedad dentro de las cárceles.

Finalmente, las personas que se encuentran bajo medidas cautelares, como regímenes de presentación o prohibición de salida del país, enfrentan restricciones civiles que les impiden buscar alternativas de vivienda o empleo en otras regiones menos afectadas por las réplicas sísmicas. Estas limitaciones legales complican la capacidad de los excarcelados para reconstruir sus vidas y atender las necesidades de sus familias en medio de la emergencia nacional.