Tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio, que sacudieron diversas regiones de Venezuela con magnitudes de 7,2 y 7,5, el Colegio de Ingenieros de Venezuela ha alzado la voz para exigir una revisión profunda de los estándares constructivos y la planificación urbana en el país. Ante un saldo trágico que asciende a 6.125 fallecidos, más de 16.700 heridos y más de 41.600 hogares afectados, el gremio profesional sostiene que es imperativo analizar las causas detrás de los colapsos estructurales observados durante la emergencia.

Enzo Betancourt, presidente de la organización, ha propuesto formalmente la creación de una Comisión Nacional Sismorresistente. El objetivo central de esta instancia sería investigar los fallos en las edificaciones y establecer criterios técnicos rigurosos que permitan mitigar la vulnerabilidad ante futuros movimientos telúricos. Según la propuesta, esta comisión tendría la responsabilidad de emitir informes públicos detallados sobre los derrumbes y formular recomendaciones concretas para fortalecer la normativa sismorresistente nacional, la cual no ha sido actualizada desde 2019.

La visión del Colegio de Ingenieros va más allá de la simple evaluación de daños. Betancourt enfatizó que los hallazgos de esta comisión deberían servir como base fundamental para el diseño de políticas públicas enfocadas en la reducción de riesgos de desastres y la reconstrucción resiliente. Esto implica una revisión exhaustiva de las leyes de ordenamiento territorial, así como de los protocolos de diseño, construcción, inspección y supervisión de infraestructuras. El gremio busca garantizar que el crecimiento urbano futuro incorpore el riesgo sísmico con mayor rigor.

El debate sobre la seguridad estructural se intensifica tras conocerse las cifras oficiales de respuesta. El Ministerio de Transporte reportó la inspección de más de 51.000 edificaciones, asegurando que la mayoría no presentaba daños de gravedad. No obstante, para los ingenieros, la magnitud de la catástrofe exige cuestionar si los mecanismos actuales de supervisión son realmente suficientes y si las normas vigentes responden a las necesidades reales del país frente a eventos de gran escala.

El impacto del desastre trasciende el ámbito técnico y se proyecta sobre la estabilidad económica nacional. El Banco Mundial ha estimado que los daños físicos directos alcanzan los 19.600 millones de dólares, advirtiendo que una reconstrucción lenta podría comprometer la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década. Ante este escenario, la propuesta del gremio busca transformar la crisis en una oportunidad para corregir vulnerabilidades estructurales históricas.

La creación de esta instancia especializada se perfila como un paso necesario para integrar la gestión de riesgos en la planificación del desarrollo nacional. Con la mirada puesta en la seguridad a largo plazo, el Colegio de Ingenieros insiste en que las decisiones sobre infraestructura deben estar respaldadas por evidencia técnica actualizada, asegurando que la reconstrucción no solo repare lo perdido, sino que fortalezca la capacidad de respuesta del país ante futuros desafíos sísmicos.