Diversas organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos por causas políticas en Venezuela han alzado su voz para denunciar la crítica situación que enfrentan los reclusos tras los recientes movimientos telúricos registrados en el país. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve), en conjunto con entidades como Provea, Foro Penal y Amnistía Internacional, calificó esta coyuntura como una "doble tragedia", donde las precarias condiciones de reclusión se ven agravadas por los daños estructurales causados por los sismos de magnitudes 7.2 y 7.5 ocurridos el pasado 24 de junio.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de Amnistía Internacional en Caracas, los portavoces detallaron las afectaciones específicas en centros penitenciarios de alta seguridad. Según los reportes presentados, el Centro Nacional de Procesados Militares, conocido como Ramo Verde, sufrió daños graves en su quinta planta. Esta situación ha obligado a los internos a pernoctar en canchas descubiertas ante el temor constante a posibles réplicas sísmicas. De igual manera, en el centro penitenciario El Rodeo I, se han reportado condiciones que las organizaciones califican de inhumanas, incluyendo la reducción de las raciones de alimentos y la falta de atención médica adecuada.

Andreína Baduel, vocera del Clippve, expuso que, además de los riesgos derivados de la infraestructura dañada, persisten denuncias sobre agresiones físicas contra los detenidos. Entre los señalamientos se incluyen casos de golpizas, el uso de gas lacrimógeno dentro de las instalaciones y el aislamiento prolongado, medidas que afectan incluso a personas que padecen enfermedades graves o afecciones respiratorias. Baduel recordó que, actualmente, el Estado venezolano mantiene a más de 500 personas privadas de libertad por motivos políticos en diversos centros de reclusión a lo largo del territorio nacional.

Por su parte, Oscar Murillo, coordinador general de la organización Provea, enfatizó la falta de voluntad política por parte de las autoridades estatales para atender las demandas de las familias y garantizar los derechos fundamentales de los privados de libertad. Ante este panorama, el bloque de organizaciones exigió la libertad inmediata de los detenidos bajo medidas humanitarias, priorizando aquellos casos que involucran a adultos mayores y personas con condiciones de salud delicadas.

Las exigencias presentadas por los familiares y defensores de derechos humanos incluyen la protección efectiva ante el riesgo sísmico, el cese inmediato de tratos crueles o degradantes y la provisión de información transparente sobre la ubicación y el estado de salud de los reclusos. Los participantes en el encuentro subrayaron que la crisis carcelaria no puede ser ignorada en el contexto de la emergencia nacional provocada por los terremotos, instando al Estado a asumir su responsabilidad con seriedad y apego a los estándares internacionales de derechos humanos. Mientras tanto, las familias continúan realizando vigilias y denuncias constantes frente a los centros penitenciarios.