El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha emitido una solicitud urgente para el traslado inmediato de al menos 25 mujeres que se encuentran recluidas en el Retén de Caraballeda, ubicado en el estado Vargas. Esta petición surge como consecuencia directa de los daños estructurales y las precarias condiciones de vida derivadas de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la región central del país el pasado 24 de junio. La organización defensora de derechos humanos ha instado a las autoridades competentes a intervenir el recinto y reubicar a las internas en instalaciones que garanticen los estándares mínimos de seguridad y dignidad humana establecidos tanto por la legislación nacional como por los protocolos internacionales.

La situación en el Retén de Caraballeda ha sido calificada como crítica por la ONG. Según los reportes, las mujeres recluidas enfrentaron una carencia prolongada de agua potable y una alimentación insuficiente durante varias semanas tras los movimientos telúricos, dependiendo mayoritariamente de las provisiones suministradas por sus familiares. Aunque un mes después del desastre se logró restablecer el servicio de agua, la organización advierte que el suministro actual es limitado y se restringe exclusivamente al aseo personal, sin ser apto para el consumo humano, lo que mantiene a la población penal en una situación de vulnerabilidad sanitaria.

Paralelamente a la crisis en Vargas, el OVP ha denunciado el fallecimiento de dos privados de libertad en otros centros penitenciarios del país, lo que ha encendido las alarmas sobre la eficacia de la atención médica dentro del sistema carcelario. En el estado Zulia, Yoandry Medina González, recluido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “Dr. Francisco Delgado”, conocido como El Marite, perdió la vida tras ser trasladado de emergencia al Hospital Universitario de Maracaibo. El interno presentaba complicaciones de salud derivadas de tuberculosis y VIH, enfermedades que, según la denuncia, se propagan con mayor facilidad debido al hacinamiento crítico que sufre este penal, el cual opera con una ocupación superior al 143% de su capacidad diseñada.

Un día después de este suceso, se registró un segundo deceso en el Centro de Formación del Hombre Nuevo El Libertador, situado en Tocuyito, estado Carabobo. Ángel Gabriel Hurtado Fuentes falleció en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera a causa de complicaciones cardiovasculares. Hasta el momento, las autoridades penitenciarias no han emitido información oficial sobre las circunstancias del fallecimiento, el historial médico del recluso ni los protocolos de atención que se siguieron dentro del penal antes de su traslado hospitalario.

El Observatorio Venezolano de Prisiones ha señalado que la recurrencia de estas muertes por enfermedades tratables evidencia una falla estructural en el sistema de salud penitenciario. La organización sostiene que el abandono, la falta de atención médica oportuna y la incapacidad del Estado para proteger la vida de quienes están bajo su custodia son factores determinantes en estos casos. Ante este panorama, el OVP ha exigido una revisión exhaustiva de los protocolos de detección temprana de enfermedades y de los mecanismos de traslado hacia centros hospitalarios, subrayando la necesidad urgente de una intervención integral que garantice los derechos fundamentales de la población reclusa en Venezuela.