Un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha formalizado una solicitud para establecer una comisión técnico-científica de alcance supranacional. El objetivo principal de esta iniciativa es realizar una investigación imparcial sobre los factores que provocaron el desplome de numerosas estructuras durante los sismos registrados el pasado 24 de junio. Este fenómeno natural, que impactó severamente la región centro-norte de Venezuela, dejó un saldo trágico de miles de víctimas, concentrándose la mayor parte de los daños en el estado La Guaira.

La propuesta surge ante la necesidad de esclarecer por qué ciertas edificaciones sufrieron daños catastróficos mientras otras estructuras cercanas, ubicadas en las mismas zonas urbanas, lograron mantenerse en pie. Los promotores de esta iniciativa subrayan que el proceso de evaluación debe realizarse sin interferencias políticas, garantizando así una investigación transparente. Según los impulsores, es imperativo auditar la calidad de las construcciones, tanto públicas como privadas, incluyendo los proyectos habitacionales desarrollados en la entidad afectada, para determinar responsabilidades claras.

Entre las organizaciones que respaldan esta petición se encuentran la Fundación Espacio Abierto, Gente del Petróleo y el Grupo La Colina. En una comunicación oficial, estas entidades enfatizaron que la reconstrucción de las áreas devastadas no puede iniciarse sin un diagnóstico previo y preciso de los fallos estructurales. Este análisis debe abarcar no solo las viviendas, sino también la infraestructura crítica, como vías de comunicación, centros de salud y el aeropuerto, elementos esenciales para la recuperación de la región.

El comunicado destaca que la tragedia debe ser un punto de inflexión para revisar las normativas vigentes y actualizar los estándares de construcción bajo criterios estrictamente técnicos. Los firmantes insisten en que el proceso debe estar libre de amiguismos o encubrimientos, con el fin de que las futuras edificaciones se sustenten en datos científicos comprobables. La magnitud de la crisis, que incluye un número aún indeterminado de fallecidos, heridos y personas desplazadas, exige una respuesta rigurosa y fundamentada en la evidencia.

Además de la revisión estructural, la propuesta incluye la aplicación de ingeniería forense para verificar si se cumplieron las normativas antisísmicas y si los materiales utilizados fueron los adecuados. Asimismo, se demanda una auditoría sobre la efectividad de las inspecciones realizadas durante las fases de construcción. Este plan de trabajo contempla también un análisis detallado de las decisiones operativas tomadas por las instituciones responsables de la gestión de riesgos y la atención de desastres.

Finalmente, los especialistas sostienen que un examen exhaustivo de la respuesta oficial es fundamental para corregir los protocolos de emergencia. Al identificar las fallas en la gestión de riesgos, se busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante futuros eventos telúricos, garantizando una mayor seguridad para la población y una infraestructura más resiliente frente a los desafíos geológicos de la región.