El doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio de 2026 desencadenó una crisis humanitaria de gran escala, afectando profundamente a la población infantil del país. Según estimaciones de Unicef, cerca de 3,9 millones de menores residen en las zonas más golpeadas por el desastre, siendo La Guaira una de las áreas declaradas en emergencia. De este grupo, aproximadamente 680.000 niños y adolescentes requieren asistencia urgente, enfrentando situaciones que van desde la pérdida de sus hogares y servicios básicos hasta el trauma psicológico derivado de la catástrofe y la posible separación de sus familias.

Ante este panorama, la Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección Alternativa (Fundana) activó sus protocolos de atención desde el inicio de la tragedia. La organización ha centrado sus esfuerzos en brindar apoyo psicológico y distribuir ayuda humanitaria, como alimentos y artículos de higiene, en hospitales, refugios improvisados y campamentos temporales. Nathalie Abuchaibe, directora de "Las Villas de los Chiquiticos", señaló que el equipo multidisciplinario ha trabajado intensamente para ofrecer contención emocional a las personas afectadas, buscando mitigar el impacto del dolor y la incertidumbre.

Un pilar fundamental de la intervención de Fundana ha sido la creación de espacios seguros donde los niños puedan procesar sus vivencias a través del juego y actividades terapéuticas. Muchos menores presentan secuelas emocionales tras el sismo, manifestadas en dificultades para dormir, angustia constante ante las réplicas y el miedo a perder a sus seres queridos. Al establecer rutinas y fomentar entornos de escucha, la organización busca reducir el impacto psicológico a largo plazo y ayudar a los niños a recuperar una sensación de normalidad y seguridad.

A pesar de que las instalaciones de Fundana tienen capacidad para albergar entre 80 y 90 niños, el número de ingresos ha sido limitado desde el desastre. Esta situación responde al estricto procedimiento establecido por el sistema de protección infantil venezolano. La institucionalización de un menor se considera una medida excepcional y de último recurso, aplicada únicamente cuando las autoridades competentes determinan, tras una evaluación exhaustiva, que no existe un entorno familiar seguro o un pariente que pueda hacerse cargo del niño.

En este sentido, organismos como el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Idenna) y las autoridades judiciales han desplegado equipos en las zonas afectadas para verificar la identidad de los menores y reconstruir sus vínculos familiares. Bajo el marco de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), la prioridad absoluta es la reunificación familiar. Por ello, las autoridades agotan todas las instancias legales antes de considerar alternativas como la colocación familiar o la adopción, procesos que no son inmediatos y requieren una rigurosidad jurídica para garantizar el bienestar integral de los menores.