A más de un mes del doblete sísmico que afectó a Venezuela el pasado 24 de junio, la gestión de la emergencia continúa generando preocupaciones significativas. La organización no gubernamental Provea ha señalado que la falta de información oficial por parte del Estado ha sumido a miles de familias en una situación de incertidumbre, dificultando tanto los procesos de recuperación como la organización de las comunidades afectadas. Según la ONG, esta opacidad informativa no solo obstaculiza la reconstrucción, sino que impacta directamente en el ejercicio de derechos humanos fundamentales.

Uno de los puntos críticos señalados por la organización es la gestión de las cifras oficiales sobre víctimas. El Estado reportó 157 personas desaparecidas el 25 de junio y, desde entonces, no ha actualizado este registro, a pesar de que diversas iniciativas ciudadanas sostienen que el número de personas con paradero desconocido es mucho mayor. De igual manera, el boletín diario de fallecidos se detuvo el 24 de julio con una cifra de 5.546 víctimas. Esta falta de actualización deja a las familias en una situación de desamparo, obligándolas a continuar con las labores de búsqueda sin el acompañamiento de las autoridades competentes.

En cuanto al derecho a la salud, la ONG advirtió que existe una falta de claridad sobre la capacidad hospitalaria real y la disponibilidad de tratamientos especializados en las zonas impactadas por los sismos. Esta incertidumbre impide que la población conozca el nivel de atención médica disponible, lo cual compromete el bienestar de los afectados. Asimismo, la situación habitacional presenta vacíos informativos importantes; si bien se reportaron 23.811 personas en 107 campamentos temporales, no se ha detallado la composición demográfica de estos grupos, incluyendo niños, adultos mayores o personas con condiciones de salud crónicas, ni se ha establecido un cronograma claro sobre su permanencia en dichos refugios.

La preocupación se extiende al ámbito educativo y a la rendición de cuentas. A pocas semanas del inicio del año escolar, no se han difundido datos sobre la infraestructura escolar dañada ni sobre la situación de los estudiantes y docentes damnificados, lo que genera dudas sobre el retorno a las aulas. Paralelamente, ante la estimación del Banco Mundial de 19.600 millones de dólares en daños directos, la organización ha enfatizado la necesidad de transparencia en la gestión de los recursos públicos y la ayuda humanitaria, subrayando que, en contextos de emergencia, el acceso a la información es un componente esencial de la asistencia.

Finalmente, la ONG ha cuestionado acciones específicas como la demolición del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, en Catia La Mar, señalando que se llevó a cabo sin informar si se cumplieron los protocolos de búsqueda de víctimas y bajo restricciones a la cobertura periodística. Para Provea, la transparencia no debe ser considerada una concesión, sino una obligación ineludible del Estado en el marco de sus compromisos internacionales, siendo indispensable para que las comunidades puedan tomar decisiones y exigir responsabilidades tras el desastre.