La organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) ha emitido un reclamo formal dirigido al Estado venezolano, instando a las autoridades a actualizar de manera urgente las cifras oficiales relacionadas con las víctimas del doble terremoto ocurrido el pasado 24 de junio. A través de sus canales de comunicación, la ONG subrayó la preocupante ausencia de nuevos balances sobre personas fallecidas y desaparecidas, señalando que los datos gubernamentales se han mantenido estáticos durante varias semanas, lo cual impide tener una visión clara de la magnitud real de la catástrofe.

Según los datos expuestos por la organización, el reporte oficial sobre personas desaparecidas no ha sufrido modificaciones desde el 25 de junio, fecha en la que se contabilizaron 157 casos. Provea enfatizó que han transcurrido 39 días sin que el Ejecutivo proporcione información actualizada sobre este grupo, lo que genera incertidumbre entre los familiares y la sociedad en general. Esta falta de transparencia informativa es, a juicio de la ONG, una omisión que contraviene la obligación del Estado de mantener a la población informada, recordando que el acceso a datos precisos es fundamental para la gestión de crisis y la protección de la vida.

Paralelamente, han surgido diversas iniciativas ciudadanas, tales como "Desaparecidos Terremoto Venezuela", que han comenzado a recopilar reportes independientes sobre personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. Estas organizaciones civiles han registrado más de 29.000 reportes de ciudadanos desaparecidos tras los sismos. No obstante, Provea ha sido cautelosa al respecto, advirtiendo que, aunque estas cifras reflejan la angustia social, carecen de un registro público oficial que permita su verificación o contraste con las fuentes gubernamentales, lo que subraya la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la centralización y validación de la información.

La preocupación de la ONG no se limita únicamente a los desaparecidos, sino que también abarca el balance de fallecidos. El último informe oficial sobre las víctimas mortales fue difundido el 24 de julio, situando la cifra en 5.546 personas. Desde entonces, no se han emitido actualizaciones, lo que ha llevado a Provea a reiterar que la divulgación de información veraz es un deber ineludible de las autoridades. La organización insiste en que el silencio oficial obstaculiza los esfuerzos de búsqueda y asistencia.

El impacto de los sismos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, ha sido devastador para la infraestructura y la estabilidad social del país. Además de las pérdidas humanas, el balance oficial previo contabiliza 16.740 personas heridas, cerca de 18.000 ciudadanos que han perdido sus viviendas, así como 856 edificaciones con daños estructurales y 190 estructuras que colapsaron totalmente. Ante este escenario, el Banco Mundial ha proyectado que los daños físicos directos ascienden a 19.600 millones de dólares, advirtiendo que el proceso de reconstrucción podría comprometer el crecimiento económico de Venezuela durante la próxima década.