El colapso de diversas edificaciones durante los terremotos ocurridos el 24 de junio de 2026 en Venezuela ha abierto un complejo debate jurídico sobre la responsabilidad del Estado en la construcción y supervisión de viviendas. Tras el desplome de estructuras pertenecientes a la Misión Vivienda, especialmente en zonas del litoral central, ciudadanos y expertos legales han comenzado a cuestionar si es posible determinar responsabilidades penales o patrimoniales por lo que consideran fallas técnicas, omisiones o negligencias en la ejecución de las obras.

Para los especialistas en derecho, la vía más viable para lograr una reparación efectiva de los daños es la determinación de la responsabilidad patrimonial del Estado. Bajo la noción de responsabilidad objetiva, la administración pública debe responder por los daños derivados de su actividad, independientemente de la intencionalidad. Juristas señalan que el Estado, al actuar como constructor y principal contralor urbanístico, tiene la obligación de garantizar la seguridad de las estructuras. En este sentido, la construcción de desarrollos habitacionales en zonas de riesgo geomorfológico, como los conos de deyección, y la admisión pública de la ausencia de estudios de suelo previos, son factores que, según los expertos, constituyen una creación de riesgo injustificable.

Un punto central en la discusión es la centralización de las competencias urbanísticas. Según expertos en derecho administrativo, la legislación de emergencia habitacional vigente desde 2011 desplazó las facultades de fiscalización y control que anteriormente correspondían a las autoridades municipales hacia el Poder Ejecutivo nacional. Al centralizar estas funciones, el Estado asumió el rol de supervisor directo de las obras. Por lo tanto, argumentan que la falta de supervisión técnica efectiva y el incumplimiento de las normas de sismorresistencia recaen directamente sobre la responsabilidad del Ejecutivo, al haber eliminado los mecanismos de control local que debían garantizar la habitabilidad de las estructuras.

Por otro lado, la búsqueda de justicia penal presenta desafíos significativos. La complejidad probatoria es elevada, ya que determinar responsabilidades individuales por imprudencia o negligencia requiere individualizar las conductas en una cadena de mando y ejecución técnica extensa. Además, la remoción de escombros tras los sismos ha dificultado la realización de análisis de ingeniería forense necesarios para establecer un nexo causal claro entre las omisiones técnicas y el colapso de los edificios. Expertos en la materia advierten que, ante la falta de independencia del sistema de administración de justicia nacional, el inicio de investigaciones de oficio por parte del Ministerio Público es visto con escepticismo.

Ante este panorama, especialistas en derechos humanos han planteado la posibilidad de acudir a instancias internacionales. Si los mecanismos nacionales no ofrecen respuestas oportunas, el litigio ante organismos como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el sistema interamericano podría ser el camino para buscar verdad, justicia y garantías de no repetición. La estrategia apunta a demostrar que el Estado falló en su deber de proteger la vida y la integridad personal, vulnerando tratados internacionales suscritos por el país.