La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha solicitado una apertura integral para los medios de comunicación en Venezuela, advirtiendo que las medidas recientes son insuficientes sin un respaldo legal permanente. Martha Ramos Sosa, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la organización, señaló que el desbloqueo de portales digitales sigue siendo una medida frágil. Según la experta, la falta de garantías institucionales y jurídicas sólidas deja a la prensa en una posición vulnerable, a pesar de los esfuerzos recientes entre el Gobierno y la oposición para establecer espacios de diálogo.

La situación actual del ecosistema informativo sigue siendo crítica. Entre el 16 y el 17 de septiembre, se registró el desbloqueo de 18 dominios correspondientes a 15 sitios informativos. Sin embargo, para el 21 de septiembre, al menos 177 dominios continuaban bajo censura, de los cuales 72 están vinculados directamente con el ejercicio periodístico, incluyendo el portal de El Nacional. Este escenario es el resultado de 27 años de restricciones acumuladas, lo que exige cambios estructurales profundos para permitir que los medios independientes puedan operar nuevamente sin temor a represalias.

A mediados de septiembre, se instaló una mesa técnica destinada a la libertad de expresión y el derecho a la información, con el objetivo de consultar y verificar avances. Aunque Ramos Sosa reconoce este proceso como una oportunidad, enfatiza que los resultados dependerán de que las medidas trasciendan las decisiones administrativas temporales. Sin un marco legal vinculante, cualquier apertura corre el riesgo de revertirse ante cambios en el clima político, dado que la estructura de control sobre los medios en el país permanece profundamente arraigada.

El análisis de la SIP sugiere que la experiencia venezolana se ha convertido en un modelo de referencia para otros países de la región. Durante casi tres décadas, Venezuela ha desarrollado un "catálogo" de mecanismos de presión que incluyen desde la censura digital y el acoso judicial hasta la confiscación de bienes y el exilio forzado de periodistas. Ramos Sosa advierte que esta fórmula, diseñada para erosionar la credibilidad de los medios y limitar sus recursos, está siendo replicada con distintas intensidades en otros países de América Latina, configurando una tendencia continental preocupante.

La preocupación trasciende las fronteras venezolanas, ya que la organización ha documentado un deterioro generalizado de las condiciones para ejercer el periodismo en el continente. Desde Estados Unidos hasta el sur del continente, los gobiernos emplean cada vez más la descalificación pública, presiones económicas y modificaciones legales para limitar a la prensa. La efectividad de estas amenazas suele depender de la fortaleza de las instituciones locales. En naciones con un Poder Judicial y un Poder Legislativo robustos, existe una mayor capacidad para contener estos ataques, mientras que en entornos con instituciones más débiles, el "catálogo" de agresiones resulta mucho más eficaz para silenciar voces críticas.