A tres meses de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron la parroquia El Junquito, en Caracas, un grupo de damnificados continúa viviendo en condiciones precarias. En el kilómetro 23 de la zona, 26 familias, que suman un total de 102 personas, permanecen alojadas en carpas improvisadas construidas con tubos de hierro y lonas de plástico. Estas estructuras, que sirven como refugio temporal, presentan filtraciones ante las lluvias y carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad, obligando a los afectados a improvisar soluciones para aislar sus colchones de la humedad del suelo.

La situación sanitaria en el campamento es motivo de preocupación. Los residentes enfrentan una escasez crítica de agua potable, viéndose obligados a reunir dinero para adquirir botellones. Para el aseo personal y la limpieza de utensilios, dependen de un tanque comunal que, según los testimonios de los afectados, carece de mantenimiento y contiene agua sin filtrar. Esta falta de salubridad ha provocado episodios de alergias y comezón en la piel tanto en adultos como en menores de edad, una problemática que, según la Organización Panamericana de la Salud, aumenta los riesgos de infecciones cutáneas y respiratorias en espacios de hacinamiento.

El origen de este desplazamiento se remonta a los daños estructurales sufridos por el antiguo Gran Hotel, donde residían 21 de las 26 familias afectadas. Los residentes describen una edificación inestable, con paredes separadas de las vigas y filtraciones severas. A pesar de que las evaluaciones técnicas iniciales sugirieron riesgos estructurales graves, los diagnósticos oficiales han sido contradictorios, variando entre etiquetas de riesgo y autorizaciones de reingreso que nunca se concretaron. Un grupo de ingenieros internacionales advirtió posteriormente que el inmueble no era apto para ser habitado, pero la falta de una respuesta definitiva por parte de las autoridades locales mantiene a las familias en la incertidumbre.

El conflicto se complica por un litigio legal de 14 años sobre la propiedad del terreno donde se asienta el antiguo hotel. Este proceso judicial, que involucra al Estado y al propietario original, ha impedido que estas familias sean incluidas en los censos oficiales de damnificados, dejándolas fuera de los planes de reubicación o adjudicación de viviendas formales. Los afectados denuncian que la disputa legal bloquea cualquier posibilidad de solución definitiva, ya sea mediante la construcción de un proyecto habitacional en el sitio o el traslado a otro sector.

Mientras esperan una resolución, los residentes del campamento, entre los que se encuentran 44 niños, niñas y adolescentes, intentan mantener sus rutinas diarias. Madres de familia, como Yolimar, quien cuida a una hija con hidrocefalia, expresan la urgencia de recibir atención estatal. La falta de donaciones constantes y la ausencia de un plan claro por parte de las autoridades han dejado a estas familias en una situación de vulnerabilidad, donde la demanda principal sigue siendo el acceso a una vivienda digna que les permita superar la crisis habitacional derivada de los terremotos.