El estado Carabobo enfrenta una crisis eléctrica agravada tras el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio, evento que dañó severamente la infraestructura de Termocarabobo y revirtió los avances logrados en la estabilización del servicio. Antes del fenómeno natural, la entidad había experimentado una tregua de aproximadamente un mes gracias a la recuperación de 600 megavatios en la planta termoeléctrica. Sin embargo, el impacto de los movimientos telúricos fracturó componentes críticos, como los aisladores de cerámica de los transformadores, dejando fuera de servicio gran parte de esa capacidad generadora.

La situación actual ha forzado el retorno de esquemas de racionamiento severos, con interrupciones que alcanzan hasta diez horas diarias en diversas comunidades. Los ciudadanos reportan una incertidumbre constante, donde los cortes de energía se han vuelto frecuentes e impredecibles, complicando tanto la vida doméstica como las actividades laborales. Muchos habitantes señalan que, además de los apagones programados, el deterioro del equipamiento y las lluvias han incrementado las averías, dificultando distinguir entre la administración de carga oficial y las fallas técnicas del sistema.

El sector salud ha sido uno de los más afectados por esta precariedad. En centros como el ambulatorio del Seguro Social en Colinas de Pequén, el personal médico debe improvisar con linternas de teléfonos móviles para atender emergencias y realizar curaciones ante la falta de electricidad. Aunque se gestionó una planta eléctrica desde Barinas para mitigar esta carencia, el equipo permanece inoperativo debido a que Corpoelec no ha realizado la adaptación necesaria en el tablero eléctrico del centro asistencial. Esta situación ha dejado a pacientes y trabajadores dependiendo de la luz solar para sus labores diarias.

Por otro lado, el impacto económico y material en los hogares es significativo. Ciudadanos reportan la pérdida de electrodomésticos, como refrigeradores y aires acondicionados, debido a las constantes fluctuaciones de voltaje, sumado a daños estructurales en viviendas. Asimismo, quienes dependen de la conectividad para trabajar de forma remota se ven obligados a desplazarse a establecimientos comerciales, incurriendo en gastos imprevistos de transporte y consumo para mantener sus actividades laborales ante la inestabilidad del servicio en sus residencias.

Las autoridades regionales han confirmado que, tras el sismo, solo se han logrado recuperar 150 de los 600 megavatios que la planta producía originalmente. El gobernador Rafael Lacava ha señalado que la demanda regional ha alcanzado picos de 1600 megavatios, instando a la población a moderar el consumo eléctrico. No obstante, hasta la fecha, ni Corpoelec ni el Ministerio de Energía Eléctrica han ofrecido un cronograma detallado sobre la reparación total de la infraestructura ni han respondido a las solicitudes de los vecinos sobre los avances técnicos necesarios para normalizar el servicio en las zonas más vulnerables.