La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó sobre un movimiento telúrico ocurrido la noche del sábado 1 de agosto en el estado Yaracuy. El evento sísmico, que alcanzó una magnitud de 4.2, tuvo su epicentro localizado a 29 kilómetros al noreste de la población de Aroa y a 36 kilómetros al norte de San Felipe. Según los datos técnicos proporcionados por el organismo oficial, el sismo se produjo a las 11:16 de la noche y presentó una profundidad superficial de 8,1 kilómetros.

Debido a la escasa profundidad en la que se originó el evento, el temblor fue percibido por habitantes de diversas localidades en los estados vecinos de Falcón, Carabobo y Lara. Este nuevo episodio se enmarca dentro de un periodo de actividad sísmica constante que afecta al territorio nacional desde finales del mes de junio, cuando se registraron dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que impactaron severamente a La Guaira, Caracas y otras cinco entidades del país.

Desde el 25 de julio, las autoridades gubernamentales no han ofrecido actualizaciones sobre el balance de víctimas derivado de la tragedia iniciada el 24 de junio. La cifra oficial de fallecidos reconocida por el Ejecutivo se mantiene en 5.546 personas. Asimismo, el último reporte emitido por el gobierno contabilizó 16.740 heridos, 6.462 personas rescatadas y 128.324 familias atendidas. En cuanto a la infraestructura, el balance oficial señaló 17.907 damnificados, 856 edificios con daños y 190 estructuras que colapsaron totalmente.

La gestión de la emergencia ha requerido la habilitación de 107 campamentos transitorios para albergar a 23.811 personas. Además, las autoridades han registrado cerca de 1.500 réplicas desde el comienzo de la crisis, una cifra que continúa incrementándose con eventos recientes como el ocurrido en Yaracuy. La persistencia de estos movimientos telúricos mantiene en alerta a las zonas que ya fueron afectadas por los terremotos de gran magnitud registrados semanas atrás.

Uno de los aspectos que ha generado mayores interrogantes y críticas es la falta de información oficial sobre el número de personas desaparecidas tras los sismos de junio. A pesar de la magnitud de la tragedia, el gobierno no ha incluido esta categoría en sus informes públicos. Mientras tanto, plataformas independientes de monitoreo han realizado un seguimiento propio, reportando inicialmente cerca de 60.000 casos de personas no localizadas. Esta cifra ha disminuido con el paso de las semanas gracias a la ubicación de sobrevivientes, situándose en aproximadamente 30.000 casos un mes después del desastre inicial. La ausencia de datos oficiales sobre los desaparecidos sigue siendo un punto de tensión en la respuesta institucional ante la emergencia.