Durante el 196° Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevado a cabo el pasado 6 de agosto, diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana presentaron un informe crítico sobre la gestión de la emergencia tras los sismos ocurridos el 24 de junio. En esta audiencia, la primera en años con participación directa de actores civiles del país, se denunciaron irregularidades sistemáticas en la respuesta estatal, señalando que los patrones de violación de derechos humanos persisten a pesar de los cambios en la estructura gubernamental.

Uno de los puntos centrales de la denuncia fue la obstaculización del trabajo humanitario. Mario D’Andrea, director de Civilis Derechos Humanos, expuso que se documentó el cierre forzado y el desmonte de centros de acopio gestionados por ciudadanos. Según lo expuesto, cuerpos de seguridad e inteligencia intervinieron espacios en localidades como Plaza Venezuela, Chapellín, Altamira, así como en los estados Mérida y Barinas. Estas acciones, bajo una lógica de centralización estatal, limitaron la capacidad de respuesta voluntaria en momentos críticos. Asimismo, se reportó la militarización del estado La Guaira, donde procesos de acreditación complejos dificultaron el acceso y generaron embotellamientos en la distribución de ayuda.

La situación en los refugios también fue objeto de señalamiento. Las organizaciones informaron sobre la presencia de agentes de inteligencia en instalaciones de Caracas y Petare, donde se habrían ejercido presiones para desalojar a personas de asentamientos informales o carpas. El objetivo, según los denunciantes, era invisibilizar a aquellos ciudadanos que optaban por no acudir a los albergues oficiales. Estas acciones se suman a la falta de estadísticas oficiales sobre el impacto real de los movimientos telúricos, lo que dificulta la atención adecuada a las poblaciones más vulnerables.

En cuanto al impacto demográfico, los datos presentados por Civilis revelan una situación preocupante para la infancia. Se estima que al menos 1405 niños, niñas y adolescentes resultaron afectados por el doblete sísmico. De este grupo, 221 fallecieron, 437 sufrieron heridas, 273 permanecen desaparecidos y 233 fueron desplazados. Adicionalmente, se destacó la vulnerabilidad de las mujeres embarazadas en las zonas afectadas, con proyecciones de Naciones Unidas que indican que miles de ellas requerirían atención médica especializada en los meses posteriores al desastre.

Ante estas exposiciones, Sofía Macher, presidenta de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU, enfatizó que las emergencias no eximen a los Estados de sus obligaciones fundamentales. Macher subrayó la necesidad de que los procesos de búsqueda e identificación de víctimas se realicen con criterios técnicos, preservando la dignidad humana y garantizando el derecho de los familiares a obtener información. Asimismo, destacó el rol esencial de las organizaciones no gubernamentales y redes de voluntariado en la atención de la crisis.

Finalmente, la CIDH reiteró su disposición para realizar una visita in situ al país, confirmando que la solicitud formal ya ha sido enviada. Gloria de Mees, relatora especial para Venezuela, expresó la solidaridad del organismo con las víctimas y reafirmó que la transparencia y el respeto a los derechos humanos son condiciones indispensables para cualquier proceso de diálogo o transición democrática en la nación.