El reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió gran parte de Colombia ha dejado un saldo devastador, con 281 personas fallecidas, 3.824 heridos y 379 desaparecidos. A medida que transcurren las horas, la emergencia humanitaria se intensifica, afectando a 44.936 familias y dejando a más de 102.000 personas damnificadas en 426 municipios de 15 departamentos. El impacto en la infraestructura ha sido severo, con el colapso de 127 edificios y daños significativos en más de 76.000 viviendas, de las cuales cerca de 10.700 han quedado totalmente destruidas.

Ante la magnitud de la tragedia, el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha centralizado la gestión comunicativa y ha iniciado las primeras gestiones para la reconstrucción del país. El mandatario ha convocado al sector privado, reuniéndose con gremios y empresas constructoras para coordinar esfuerzos. Según De la Espriella, este momento histórico requiere la colaboración conjunta de todos los sectores de la sociedad para enfrentar las consecuencias del desastre y avanzar en la recuperación de las zonas afectadas.

En ciudades como Cali, donde se registra al menos un centenar de víctimas mortales, las labores de búsqueda y rescate continúan bajo protocolos estrictos. Las autoridades locales han priorizado el uso de métodos manuales sobre la maquinaria pesada en los edificios colapsados, con el objetivo de aumentar las probabilidades de encontrar supervivientes. Mientras tanto, en Manizales, miles de viviendas han sido declaradas inhabitables o presentan riesgos estructurales, obligando a cientos de familias a pernoctar en carpas por temor a nuevos derrumbes.

La distribución de ayuda humanitaria ha comenzado a llegar a las zonas más golpeadas, como Quibdó, en el departamento del Chocó, donde se han repartido 18 toneladas de insumos. Sin embargo, la asistencia ha llegado con retraso a algunas áreas, donde los damnificados han dependido principalmente de la solidaridad vecinal y redes de apoyo mutuo mientras esperan las ayudas gubernamentales prometidas tras los censos realizados.

Paralelamente, la gestión de la ayuda internacional ha generado controversia. El Gobierno colombiano ha sido cuestionado por los criterios utilizados para autorizar el ingreso de equipos de rescate extranjeros. Específicamente, la exclusión temporal de una brigada del Ejército mexicano, a pesar de su amplia experiencia, ha provocado tensiones diplomáticas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que su equipo contaba con las certificaciones necesarias, mientras que el canciller colombiano, Omar Bula, ha negado que la selección de ayuda responda a consideraciones políticas o ideológicas, asegurando que se están aceptando los apoyos necesarios para atender la emergencia.