El reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia ha generado una crisis humanitaria y emocional que trasciende sus fronteras, afectando profundamente a numerosas familias en el estado Sucre, al noreste de Venezuela. Mientras las autoridades colombianas trabajan en las labores de rescate y atención a los damnificados, en localidades venezolanas como Arapo y El Pilar, decenas de ciudadanos enfrentan una realidad marcada por la incertidumbre, la falta de información oficial y la imposibilidad de costear los procesos necesarios para repatriar a sus seres queridos o conocer su estado de salud.

La situación en el estado Sucre es crítica debido a la desconexión y la precariedad económica de las familias afectadas. Ante la ausencia de canales diplomáticos o consulares accesibles que faciliten la gestión de trámites tras la catástrofe, los venezolanos se han visto obligados a recurrir a las redes sociales y a la solidaridad comunitaria. Esta dependencia de plataformas digitales se convierte en su única herramienta para intentar localizar a familiares desaparecidos o gestionar el traslado de cuerpos desde las zonas más devastadas de Colombia, como Cartagena y Pereira, enfrentando además costos elevados que muchas familias no pueden asumir por cuenta propia.

Un caso emblemático de esta tragedia es el de Oriannis Rodríguez, residente del poblado pesquero de Arapo, quien perdió a su prima Petra María Gómez tras el sismo. Según el relato de Rodríguez, Gómez, una dirigente comunitaria que había emigrado a Cartagena hace siete años, sufrió un ataque cardíaco provocado por el impacto del temblor. La familia se vio en la urgencia de reunir mil dólares para el adelanto de la repatriación del cuerpo, una suma que solo pudieron conseguir mediante una colecta pública en redes sociales, ante la falta de asistencia estatal. El féretro finalmente llegó a su comunidad el pasado viernes 14 de agosto, dejando a la familia en una situación de endeudamiento extremo.

Por otro lado, la zozobra persiste en zonas rurales como El Pilar, donde Nieves Malavé vive días de angustia intentando obtener noticias sobre sus dos hijos menores, quienes residen en Pereira, una de las ciudades más golpeadas por el movimiento telúrico. Aunque logró recibir un mensaje inicial confirmando que estaban vivos, la comunicación se ha interrumpido debido a las fallas en los servicios de telefonía y los cortes eléctricos que afectan la región. Para Malavé, cada intento de comunicación implica un traslado físico hasta el casco urbano, donde la inestabilidad de las conexiones y la falta de información oficial sobre el estado de las viviendas destruidas en Pereira agravan su desesperación.

El impacto del sismo, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ha dejado un saldo devastador a nivel regional. Según el informe más reciente de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia, al menos 285 personas han fallecido, 379 permanecen desaparecidas y cerca de 4.000 han resultado heridas. Además, se contabilizan más de 102.000 personas afectadas y miles de viviendas destruidas, una cifra que sigue aumentando mientras las familias venezolanas, distantes geográficamente pero unidas por el dolor, continúan esperando respuestas en medio de la precariedad.