La reciente tragedia sísmica que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio ha reavivado con urgencia el debate en el Congreso de Estados Unidos sobre la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos. Durante una audiencia en la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes, legisladores y organizaciones civiles argumentaron que los terremotos, que afectaron gravemente al estado Vargas, constituyen una razón humanitaria adicional para extender este beneficio migratorio, cuya vigencia actual enfrenta incertidumbre bajo la administración de Donald Trump.

La administración estadounidense ha sostenido previamente que las condiciones en Venezuela no justifican la extensión del TPS, argumentando que el país ha retornado a una situación de normalidad. En octubre del año pasado, el gobierno solicitó revocar esta protección otorgada en 2023, calificándola como contraria al interés nacional. Sin embargo, congresistas como Debbie Wasserman y James McGovern han cuestionado esta postura, señalando que los sismos recientes y la crisis humanitaria persistente obligan a reconsiderar la política de deportaciones. Wasserman enfatizó que la legislación estadounidense contempla específicamente los desastres naturales como una causal válida para otorgar protección, instando a que se priorice el bienestar humano sobre consideraciones políticas.

Durante el debate, la atención se centró en el impacto real sobre el terreno. Laura Cristina Dib, directora del Programa para Venezuela de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), expuso un caso crítico: el vuelo de deportación que llegó a Venezuela el mismo día de los terremotos. Según lo expuesto, 146 ciudadanos fueron retornados a un país en emergencia, y se denunció que los familiares de los deportados enfrentaron obstáculos por parte de autoridades locales para buscar a sus seres queridos entre los escombros. Este testimonio subrayó la vulnerabilidad de los retornados ante la inestabilidad institucional y la falta de asistencia humanitaria.

En respuesta a la postura de la administración, los defensores del TPS recordaron la existencia de la propuesta legislativa H.R. 3310, conocida como "Venezuela TPS Act of 2025". Este proyecto, presentado por los congresistas Wasserman, Darren Soto y María Elvira Salazar, busca otorgar un TPS por 18 meses con posibilidad de renovación. Los legisladores demócratas insistieron en que la decisión final recae sobre el presidente Trump, instando a que se actúe por razones humanitarias. James McGovern, copresidente de la comisión, subrayó que la protección debe extenderse porque es "lo correcto y lo decente", independientemente de las posturas políticas.

Mientras tanto, organizaciones como el Centro de Justicia y Paz y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center advirtieron sobre el riesgo inminente que enfrentan cientos de miles de venezolanos. Con la protección programada para expirar el 2 de octubre, los activistas y congresistas continúan presionando para que se detengan las expulsiones, argumentando que el retorno seguro es imposible ante la devastación actual y la crisis de derechos humanos que atraviesa la nación suramericana.