Ante las secuelas legales derivadas del doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio en Venezuela, cinco instituciones de educación superior han formalizado una alianza estratégica para brindar apoyo jurídico gratuito a los ciudadanos más vulnerables. La iniciativa, denominada Red de Clínicas Jurídicas Ampliadas (RED CJ+), busca canalizar la capacidad técnica y humana de las universidades para atender las necesidades administrativas y legales que han surgido tras la emergencia natural.

El consorcio está liderado por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y cuenta con la participación activa de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Metropolitana (Unimet), la Universidad Monteávila (UMA) y la Universidad Santa María (USM). Este esfuerzo conjunto tiene como objetivo principal establecer un sistema coordinado para la recepción, evaluación y gestión de casos, garantizando que la asistencia sea eficiente, estandarizada y accesible para las comunidades afectadas.

El alcance de este servicio es amplio y contempla diversas problemáticas que requieren resolución inmediata. Entre las gestiones prioritarias que abordará la red se encuentran la tramitación de actas de defunción, la resolución de situaciones relacionadas con la patria potestad de menores que han quedado huérfanos a causa del desastre, y la atención a casos de violencia doméstica que se han incrementado en el contexto de la crisis. De esta manera, las universidades buscan mitigar el impacto social y jurídico que el sismo ha dejado en las familias venezolanas.

El funcionamiento operativo de la RED CJ+ se llevará a cabo a través de las clínicas jurídicas que ya operan dentro de cada universidad. Los equipos multidisciplinarios se encargarán de realizar el triaje de los casos, la asesoría directa, la redacción de documentos necesarios y el acompañamiento en trámites ante instancias administrativas. Asimismo, se brindará apoyo en procesos judiciales, siempre que estos no posean un carácter contencioso, es decir, situaciones donde no exista un conflicto directo entre partes enfrentadas.

El convenio suscrito por las cinco casas de estudio tiene una vigencia inicial de dos años. No obstante, el acuerdo contempla una cláusula de renovación automática, lo que permitirá extender el servicio mientras persista la situación de emergencia o existan expedientes abiertos que requieran resolución. La finalización de esta asistencia estará supeditada a una declaración formal por parte de las instituciones participantes, quienes deberán certificar que la emergencia ha sido superada y que todos los casos recibidos han sido atendidos satisfactoriamente.

Con esta red, el sector universitario venezolano reafirma su compromiso social, poniendo a disposición de la ciudadanía sus recursos académicos para enfrentar las consecuencias de un evento sísmico que ha trastocado la cotidianidad de numerosas personas. La estructura de la RED CJ+ pretende ser un modelo de colaboración institucional para la gestión de crisis, asegurando que el acceso a la justicia sea un derecho garantizado incluso en los momentos de mayor adversidad nacional.