El balance oficial de víctimas tras los terremotos que impactaron a Venezuela el pasado 24 de junio ha sido actualizado, elevando la cifra de fallecidos a 6.301 personas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, dio a conocer estas cifras este lunes, detallando el alcance de la emergencia que ha movilizado a los organismos de seguridad y atención del país durante las últimas semanas. Según el reporte, las labores de asistencia médica han permitido atender a 73.356 personas en diversos centros hospitalarios, mientras que las operaciones de rescate han logrado salvar a 6.462 ciudadanos.

Las autoridades mantienen activos los trabajos de evaluación y recuperación en las regiones más golpeadas por los movimientos telúricos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5. El estado La Guaira se mantiene como uno de los puntos de mayor atención debido a la severidad de los daños estructurales. Hasta la fecha, el gobierno ha reportado la remoción de 483.525,41 toneladas de escombros, una cifra que representa aproximadamente el 23,26% del total proyectado para las zonas afectadas.

En cuanto a la infraestructura habitacional, el balance oficial detalla que se han inspeccionado un total de 53.314 viviendas. De este grupo, 31.336 inmuebles han sido catalogados como habitables, mientras que 12.411 presentan restricciones de uso. La situación más crítica se concentra en 9.567 viviendas, las cuales han sido clasificadas bajo la categoría de "alto riesgo". Como parte de las medidas de respuesta inmediata, el Ejecutivo ha comenzado la entrega de nuevas unidades habitacionales, sumando hasta el momento 287 viviendas asignadas a los damnificados.

Ante la magnitud de la tragedia, el Colegio de Ingenieros de Venezuela ha intervenido en el debate público proponiendo una revisión profunda de los estándares de construcción y planificación urbana. Enzo Betancourt, presidente del gremio, planteó la creación de una Comisión Nacional Sismorresistente. El objetivo central de esta instancia sería investigar las causas específicas de los colapsos estructurales observados durante el evento sísmico y generar recomendaciones técnicas para fortalecer la normativa vigente.

La propuesta del gremio de ingenieros busca que esta comisión funcione como un ente consultivo para la toma de decisiones públicas. Entre sus funciones principales se contempla la elaboración de informes públicos sobre los fallos estructurales, así como la actualización de las leyes de ordenamiento urbano y los protocolos de diseño, construcción e inspección de edificaciones. Betancourt enfatizó que este trabajo es fundamental para orientar la reconstrucción resiliente del país.

Finalmente, el Colegio de Ingenieros recordó que la normativa sismorresistente nacional no ha sido objeto de modificaciones desde el año 2019. Por ello, consideran imperativo evaluar si las disposiciones actuales son suficientes para garantizar la seguridad ante futuros eventos telúricos, tomando como referencia los daños registrados en junio. La creación de esta comisión pretende servir como un insumo técnico para las políticas públicas enfocadas en la reducción de riesgos de desastres y el desarrollo territorial seguro.