A un mes del doble sismo que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio, con magnitudes de 7,2 y 7,5, las autoridades nacionales han intensificado las labores de evaluación de daños en la infraestructura. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comunicó que las brigadas especializadas han finalizado la inspección técnica de más de 30.000 inmuebles en todo el territorio. Este proceso se enmarca dentro del programa de habitabilidad denominado "Venezuela Renace", el cual busca categorizar el estado de las edificaciones para determinar las acciones necesarias de reparación o reconstrucción.

Para organizar la respuesta ante la emergencia, el gobierno ha implementado un sistema de clasificación basado en un código de colores. Las estructuras marcadas en verde, amarillo y rojo permiten a los equipos técnicos priorizar las intervenciones. Según la información oficial, más de 12.000 viviendas clasificadas en el nivel amarillo, las cuales no presentan fallas en sus elementos estructurales principales, ya están siendo intervenidas para su rehabilitación. Por otro lado, los inmuebles identificados con el color rojo permanecen bajo un análisis técnico exhaustivo para decidir si serán objeto de reconstrucción o si, debido a los daños, deben ser demolidos.

El impacto humano de este desastre natural ha sido significativo. Tras cumplirse un mes del evento telúrico, el balance oficial reporta 5.546 personas fallecidas y 16.740 heridas. Además, la cifra de damnificados asciende a 17.907 ciudadanos que perdieron sus hogares. En cuanto a la infraestructura física, las autoridades han contabilizado 856 edificios con diversos niveles de afectación, mientras que 190 estructuras han colapsado por completo, dejando un panorama complejo para la recuperación urbana.

Paralelamente a las acciones gubernamentales, el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) ha realizado sus propias evaluaciones independientes. El gremio ha inspeccionado más de 8.000 edificaciones con el objetivo de detectar vulnerabilidades y asesorar a las comunidades afectadas. Rafael Argotti, representante de la junta directiva del CIV, señaló que aproximadamente el 70 % de las estructuras revisadas por sus especialistas se encuentran en condiciones habitables. El 25 % restante ha sido catalogado como habitable bajo precaución o directamente no habitable, por lo que el gremio continuará priorizando las zonas de Caracas con mayor densidad poblacional y estructuras más antiguas.

El impacto económico también es una preocupación central. El Banco Mundial ha publicado una estimación preliminar que cifra los daños físicos directos en la infraestructura nacional en 19.600 millones de dólares. El organismo internacional enfatizó que la rapidez con la que se ejecute la reconstrucción será un factor determinante para el futuro del país. Según advirtió la institución, un proceso de recuperación lento podría afectar negativamente el desempeño de la economía venezolana durante la próxima década, subrayando la urgencia de coordinar esfuerzos efectivos para la estabilización y reconstrucción del país.