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A tres meses de los terremotos en Venezuela, organizaciones civiles denuncian la falta de transparencia en la gestión de la ayuda humanitaria, la ausencia de un plan de reconstrucción detallado y las restricciones informativas que impiden conocer el destino real de los recursos destinados a los damnificados.
Cerca de 50 unidades de transporte público siguen retenidas por el Estado venezolano tras ser sancionadas por motivos políticos en 2024. Los dueños denuncian vulneración de derechos y falta de ingresos, mientras el sector exige ajustes tarifarios para mantener la operatividad.
La organización Provea reclama al Estado venezolano la actualización de las cifras de fallecidos y desaparecidos por el doble terremoto de junio, denunciando una opacidad que afecta a las familias en su búsqueda de respuestas.
Autoridades venezolanas prometen 1300 megavatios adicionales para finales de 2026, atribuyendo las fallas eléctricas a los sismos de junio, las altas temperaturas y el aumento de la demanda económica.
Organizaciones no gubernamentales denuncian la falta de actualización oficial sobre las víctimas de los terremotos del 24 de junio en Venezuela, señalando que la opacidad estatal dificulta la atención humanitaria y la búsqueda de desaparecidos.
A tres meses del terremoto del 24 de junio, que dejó graves daños en La Guaira, la Asamblea Nacional de Venezuela discute una nueva ley de arrendamiento para apoyar a los damnificados.
Padres y representantes de la U.E.N. Luis Hurtado Higuera en El Junquito protestan contra la reubicación de casi 2000 estudiantes en colegios privados, medida tomada tras habilitar la escuela como refugio para damnificados por los sismos de junio.
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que se registraron 136 sismos en el país entre el 18 y el 24 de septiembre de 2026, con magnitudes entre 1,3 y 4,0, concentrándose la mayor actividad en la región central.
Una investigación revela que 760 niños con autismo han sido afectados por los sismos en Venezuela, enfrentando la pérdida de rutinas, escuelas y terapias esenciales.
Tras el sismo del 24 de junio, el ministro Francisco Garcés confirmó irregularidades en la construcción de miles de viviendas y anunció restricciones técnicas para futuras obras en La Guaira.
Un análisis de la ONG ProBox señala que la mayoría de las instituciones estatales venezolanas fallaron en informar oportunamente tras el sismo de junio de 2026, priorizando la propaganda sobre los datos técnicos y de auxilio.
Tras tres meses de los sismos en Venezuela, organizaciones humanitarias han atendido a más de 130.000 personas, enfrentando retos adicionales por el clima y la falta de agua potable.
