Los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela han generado una crisis particular para las personas con trastorno del espectro autista (TEA). Según estimaciones de la Organización Venezolana de Autismo (OVA), más de 1.190 individuos fueron afectados inicialmente, aunque la cifra real podría superar los 2.000 debido a la falta de un registro oficial consolidado. Esta carencia de estadísticas estatales sobre la población con autismo dificulta dimensionar el alcance total de la emergencia y limita la respuesta pública necesaria para atender a este sector vulnerable.

La pérdida del hogar y el desplazamiento forzado han provocado una ruptura drástica en las rutinas, un elemento esencial para la estabilidad de las personas con TEA. La exposición a entornos desconocidos, el hacinamiento en refugios, el ruido constante de maquinaria y las alarmas de emergencia actúan como detonantes de ansiedad y crisis severas. Expertos señalan que la falta de previsibilidad y la interrupción de las terapias habituales agravan la situación, convirtiendo espacios de refugio en entornos hostiles debido a la sobrecarga sensorial que deben procesar quienes presentan esta condición.

Los datos recopilados por la OVA reflejan daños significativos en las viviendas de esta población. Se contabilizaron 679 hogares con daños leves, 254 con afectaciones graves y 54 casos de pérdida total. Las zonas con mayor concentración de registros incluyen el Distrito Capital, La Guaira, Miranda y Aragua. Esta situación ha obligado a muchas familias a trasladarse a otros estados o a permanecer en campamentos temporales, perdiendo no solo su infraestructura residencial, sino también las redes de apoyo y los centros de atención especializada que utilizaban cotidianamente.

Representantes de organizaciones como la Sociedad Venezolana para Niños, Adolescentes y Adultos con Autismo (Sovenia) advierten que la emergencia ha visibilizado deficiencias estructurales que ya existían. La falta de personal capacitado, la escasez de centros de terapia y las dificultades para acceder a diagnósticos médicos son problemas persistentes. La interrupción de servicios públicos, como ocurrió con unidades de atención en La Guaira tras los sismos, ha dejado a muchas personas sin acceso a tratamientos, profundizando una vulnerabilidad que requiere una respuesta institucional más robusta y coordinada.

En el ámbito educativo, la brecha entre la legislación vigente y la realidad escolar sigue siendo un desafío. Aunque existen normativas que promueven la inclusión, muchos planteles carecen de las adaptaciones necesarias, como ajustes en horarios o estrategias de anticipación. Las organizaciones enfatizan que la inclusión no debe limitarse al acceso al aula, sino que requiere una formación docente obligatoria y un enfoque personalizado. Ante este panorama, el llamado de las organizaciones civiles es a que el Estado asuma la responsabilidad de generar registros oficiales y garantizar servicios continuos, evitando que la atención de esta población dependa exclusivamente de la sociedad civil.