A tres meses del doble terremoto que sacudió el estado La Guaira el pasado 24 de junio, la región costera presenta un panorama de contrastes profundos. Mientras que en sectores como Maiquetía la actividad comercial y el transporte fluyen con relativa normalidad, el avance hacia el este revela una zona de desastre donde la remoción de escombros y el polvo han sustituido el paisaje urbano. En localidades como Caraballeda y Macuto, los terrenos donde antes se erigían edificios residenciales ahora lucen planos y están marcados por avisos de propiedad privada, dejando al descubierto la vista hacia el cerro El Ávila.

La crisis económica golpea con fuerza a los comerciantes que lograron mantener sus locales en pie. Negocios emblemáticos con décadas de tradición reportan una caída en las ventas superior al 50%. La ausencia de turistas, derivada del cierre de las playas y el luto que embarga a la zona, ha mermado los ingresos de establecimientos históricos. A pesar de la drástica disminución de la actividad, los propietarios denuncian una falta de sensibilidad fiscal por parte de las autoridades regionales, quienes mantienen el cobro de tributos al 100% y realizan inspecciones sanitarias que exigen modificaciones estructurales difíciles de costear en el contexto actual.

En el sector Caribe, la devastación es casi absoluta. De las decenas de edificios que colapsaron, apenas ocho comercios intentan sobrevivir entre las ruinas. Algunos sobrevivientes han levantado puestos improvisados para honrar la memoria de sus familiares fallecidos y generar sustento básico. La resiliencia de estos comerciantes se enfrenta a una realidad donde la clientela se limita mayoritariamente a efectivos militares y personal dedicado a la recolección de escombros, mientras esperan por créditos bancarios que aún no han sido aprobados.

La tragedia humana sigue presente en estructuras como el Conjunto Residencial Caribe, donde grupos de voluntarios trabajan de forma empírica para recuperar cuerpos que aún permanecen bajo las placas de concreto. Se estima que entre 60 y 80 personas continúan tapiadas en este complejo, donde el agua estancada en los sótanos y la contaminación ambiental representan un riesgo sanitario para quienes lideran las labores de búsqueda. Estos voluntarios, que carecen de equipos de protección adecuados, centran sus esfuerzos en brindar paz a las familias que aún no han podido sepultar a sus seres queridos.

En las zonas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, conocidas como las OPP, las unidades forenses y equipos de Protección Civil mantienen la extracción de víctimas. En este escenario también han surgido figuras de voluntarios que, entre el polvo y el calor, colaboran en la remoción de restos. La reconstrucción del litoral central se perfila como un proceso lento, donde el respeto al luto de las víctimas y la necesidad de reactivación económica mantienen un delicado equilibrio tres meses después de la catástrofe.